El legislador español ha reactivado el proceso de transposición de la Directiva Delegada (UE) 2023/2775, mediante la cual se actualizan los criterios de tamaño de las empresas a efectos de información financiera, contabilidad y auditoría. Esta Directiva, adoptada a finales de 2023, responde a la necesidad de actualizar unos umbrales que llevaban más de una década sin revisarse y que habían quedado progresivamente desfasados como consecuencia de la inflación acumulada en la Unión Europea (ver nuestro artículo de junio de 2025).

El Proyecto de Ley actualmente en tramitación prevé una elevación significativa de los límites cuantitativos relativos al total de activo y a la cifra neta de negocios, manteniéndose inalterado el criterio del número medio de empleados. España ha optado, además, por ejercer el margen que ofrece la Directiva 2013/34/UE para ampliar el perímetro de las pequeñas empresas hasta los valores máximos permitidos. En consecuencia, el umbral del total de activo para las pequeñas empresas se elevaría hasta los 7,5 millones de euros y el de la cifra de negocios hasta los 15 millones de euros. Esta decisión tendrá un impacto directo en la posibilidad de formular cuentas anuales abreviadas, en la aplicación del PGC-PYMES y en la obligación legal de auditoría.

La reforma conlleva asimismo ajustes relevantes en la Ley de Sociedades de Capital y en la Ley de Auditoría de Cuentas, elevando los límites de exención de auditoría y reduciendo el número de empresas obligadas a someter sus cuentas anuales a verificación externa. Adicionalmente, la redefinición del concepto de “gran empresa” puede tener efectos indirectos en otros ámbitos regulatorios, como la información sobre sostenibilidad, al modificar el perímetro de entidades sujetas a determinadas obligaciones de información.

Desde una perspectiva institucional, no obstante, cabe señalar que el proceso de transposición se ha prolongado más de lo inicialmente previsto. La Directiva establecía la aplicación de los nuevos umbrales, como máximo, a partir del 1 de enero de 2024, mientras que su incorporación al ordenamiento jurídico español se ha materializado con posterioridad. Esta dilación ha generado cierta falta de alineación temporal con otros Estados miembros y ha retrasado la aplicación efectiva de unas medidas concebidas para reducir cargas administrativas en el tejido empresarial. Con todo, la orientación material de la reforma resulta coherente con los objetivos de armonización y simplificación perseguidos a nivel europeo.

A la espera de la aprobación definitiva del texto legal, la iniciativa sin embargo debe valorarse de forma positiva, tanto por su impacto práctico como por su alineación con la normativa contable europea.