Analizamos en esta tercera nota las sanciones de carácter financiero que las instituciones comunitarias han dictado contra la Federación Rusa como respuesta a la invasión militar de Ucrania.

Como hemos visto en las notas anteriores, la mayoría de las medidas sancionadoras tienen su origen en la Decisión 2014/145/PESC del Consejo y en el Reglamento (UE) 269/2014, ambos de 17 de marzo de 2014, y fueron motivadas por la anexión de Crimea.

Además, el Consejo de la Unión Europea (UE) ha decido prolongar durante otro año, hasta el 23 de junio de 2023, las sanciones impuestas por la "anexión ilegal” de Rusia en 2014 de los territorios ucranianos de la península de Crimea y la ciudad de Sebastopol.

Las sanciones en el sector financiero pueden resumirse en las siguientes:

• un acceso limitado a los mercados de capitales primario y secundario de la UE para determinados bancos y empresas rusas;
• la prohibición de las transacciones con el Banco Central de Rusia y el Banco Central de Bielorrusia;
• la prohibición de acceso al sistema SWIFT para determinados bancos rusos y bielorrusos;
• la prohibición del suministro de billetes denominados en euros a Rusia y Bielorrusia;
• la prohibición de la financiación o la inversión públicas en Rusia;
• la prohibición de invertir en proyectos cofinanciados por el Fondo Ruso de Inversión Directa y de contribuir a estos.

Por lo tanto, estos bancos no pueden ni obtener divisas (ya que la transferencia de divisas extranjeras entre dos bancos suele procesarse como una transferencia en el extranjero en la que participa un banco intermediario extranjero) ni transferir activos en el extranjero, lo que tiene consecuencias negativas para las economías rusa y bielorrusa.

Técnicamente, los bancos podrían realizar operaciones internacionales sin el sistema SWIFT, pero es costoso, complejo y requiere confianza mutua entre las entidades financieras.

Las consecuencias se han hecho notar casi de inmediato: empresas como VISA, Mastercard o Apple han comunicado que suspenden todos sus servicios de pago en Rusia; importantes bancos rusos se han visto obligados a abandonar sus operaciones en Europa y personajes relevantes se enfrentan a serios impedimentos para gestionar sus patrimonios, a la congelación de sus activos o directamente al embargo de sus bienes situados en territorio comunitario.