Como han hecho diversos Estados y organismos Internacionales, la Unión Europea ha adoptado varios paquetes de medidas restrictivas contra la Federación de Rusia y contra la República de Bielorrusia, motivados por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Consisten en la imposición de sanciones y restricciones fundamentalmente de carácter económico.

En el caso de la Unión Europea, estas medidas se han concretado en un amplio paquete de disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europa a partir del día 23 de febrero de 2022, y vienen a ampliar las vigentes restricciones acordadas en el año 2014 con motivo de la anexión de Crimea por la Federación de Rusia. Además, la Comisión Europea publica de forma periódica recomendaciones dirigidas a los operadores económicos.

Los organismos comunitarios no pueden dictar medidas que desplieguen sus efectos, por lo menos de forma directa, más allá de los territorios de sus Estados miembros, al carecer de jurisdicción para ello. Aún así, se ha buscado un ámbito de aplicación lo más amplio posible. En efecto, con carácter general, las medidas restrictivas adoptadas por los organismos comunitarios se aplican:

1. en el territorio de la UE (incluido su espacio aéreo),
2. a bordo de cualquier aeronave o buque que se encuentre bajo la jurisdicción de un Estado miembro,
3. a cualquier persona, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la UE, que sea nacional de un Estado miembro,
4. a cualquier persona jurídica, entidad u organismo, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la UE, que se haya registrado o constituido con arreglo al Derecho de un Estado miembro, y
5. a cualquier persona jurídica, entidad u organismo en relación con cualquier negocio efectuado, en su totalidad o en parte, en la UE.

Como puede verse, todas las instituciones financieras, empresas y particulares que sean ciudadanos comunitarios, tengan la nacionalidad de un Estado miembro o simplemente lleven a cabo negocios en territorio comunitario son destinatarios de las medidas restrictivas impuestas, y pueden ser sancionados en caso de incumplimiento.

Es por ello recomendable, que los operadores económicos de la UE adopten las medidas adecuadas de la debida diligencia ante el riesgo de posible incumplimiento, y en especial, mediante la revisión y adaptación de sus relaciones contractuales.

En el próximo artículo detallaremos las medidas impuestas actualizadas, así como algunas recomendaciones orientadas al ámbito contractual y societario.