El artículo 31 bis 2 de la LO 1/2015 recoge en qué supuestos la persona jurídica quedaría exenta de responsabilidad penal:

“Primera. El órgano de administración debe haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

Segunda. La supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica.

Tercera. Los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención.

Cuarta. No se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere a la condición segunda (…)”

Para que pueda operar la excepción de responsabilidad penal recogida en el artículo 31 bis 2, deberá probarse no solamente la implantación de un programa de cumplimiento normativo penal gestionado por un responsable, sino que, en todo caso, deberá probarse que se han cumplido con los siguientes requisitos:

1. Que se ha diseñado e implantado el modelo
2. Que se ha nombrado a su responsable
3. Que su funcionamiento y cumplimiento, así como la vigilancia y control del personal sometido al modelo ha sido supervisado
4. Que el personal sometido a las normas de modelo ha sido informado y formado
5. Que el modelo ha sido continuamente revisado y actualizado.