El pasado 23 de octubre de 2019 el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobaron la Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, también conocida como la Directiva Whistleblowing.

Esta directiva exige la obligación de contar con un canal de denuncias interno en las empresas para que se cuente con la posibilidad de denunciar o comunicar hechos irregulares de las mismas. Este canal debe ser seguro, eficaz y transparente para aumentar la protección de los whistleblowers (las personas que manifiestan los comportamientos ilegales, poco éticos o irregulares dentro de la propia empresa)

Las empresas que quedan obligadas son:

1. Las entidades jurídicas del sector privado que tengan 50 o más trabajadores;
2. Las entidades públicas pertenecientes a municipios de más de 10.000 habitantes;
3. Empresas que, independientemente del número de trabajadores, empleen productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, seguridad del transporte o protección del medio ambiente.

Estas empresas estaban obligadas a integrar el canal antes del 17 de diciembre de 2021, sin embargo, para aquellas entidades jurídicas del sector privado de 50 a 249 trabajadores se establece un plazo especial de 2 años más, es decir, hasta el 17 de diciembre de 2023.

Las características de este sistema de denuncias internos son las siguientes:

Anonimato: Se deberá contar con canales para recibir denuncias que estén diseñados, establecidos y gestionados de forma segura para garantizar la confidencialidad del denunciante y de cualquier tercero mencionado.

Información a los interesados: los empleados deberán saber todo lo relativo al canal de denuncias y esta información deberá ser clara y fácilmente accesible;

Investigación de cada denuncia y obligación de gestionar y realizar seguimientos de esos canales por una persona o departamento imparcial;

Plazo de contestación de 3 meses a partir del acuse de recibo;

Prohibición de represalias contra las personas que hagan uso del canal de denuncias.

Activar un canal de denuncias para dar voz a estas irregularidades puede beneficiar en gran medida a las empresas al ofrecer la oportunidad de resolver internamente los conflictos y evitar multas y daños respecto de la imagen corporativa de éstas.