España es un lugar ideal para el desarrollo de una actividad empresarial relacionada con el comercio electrónico debido a la regulación del sector. Uno de los puntos previstos en la Ley de Protección de Consumidores establece la obligatoriedad de informar al consumidor del precio final antes de la formalización de la compra. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico va más allá y estipula que las empresas deben indicar los precios de sus productos o prestaciones de servicios.

Asimismo, el consumidor debe recibir información clara y precisa de los posibles costes de entrega o, en caso de no ser fijos, de su forma de cálculo. En Alemania y Suiza es necesario que los precios de los productos adquiridos en tiendas online especifiquen si los precios incluyen los gastos de entrega y, de no ser el caso, ofrecer un enlace con la información correspondiente. Las empresas polacas están obligadas a informar al consumidor acerca de los costes de entrega. La Ley austríaca también prevé la necesidad de facilitar información relevante al consumidor sobre los gastos de entrega a la hora de indicar el precio final del producto.

Según la ley española, en las ventas de mercancías pre-envasadas se deben utilizar los precios unitarios. En Alemania y Austria también, tanto en el caso de venta de mercancías pre-envasadas, como en el de venta de mercancías con envases abiertos o el de venta de mercancías que se vendan como unidad pero sin envase abierto. En Inglaterra se exigen los precios unitarios cuando la cantidad desempeña un papel fundamental en la compra.En España, el tipo de divisa en el que se ha establecido el precio juega un papel esencial, por lo que tiene que ser reconocible para el consumidor antes de la celebración del contrato. El precio debe estar establecido en la divisa del país en el que se concluye el negocio.