En la práctica comercial, la regulación de la competencia judicial en las relaciones contractuales transfronterizas se encuentra al final y, habitualmente, las partes implicadas le prestan poca atención. Esto es un error, pues, a menudo, no sólo resulta decisivo qué parte tiene el mejor Derecho de su lado, sino ante qué jurisdicción pueden interponerse las reclamaciones. No es extraño que las partes no se pongan de acuerdo sobre el lugar de jurisdicción. Con frecuencia, se recurre entonces a una cláusula de arbitraje. Los tribunales arbitrales son tribunales privados que están organizados, p.ej., por cámaras de comercio. Los árbitros son, generalmente, abogados. Las reglas de procedimiento se encuentran en sus propias normas de arbitraje.

Los procedimientos arbitrales concluyen siempre en una sola instancia. Así se consigue una agilización del litigio. De acuerdo a las reglas de arbitraje individuales, p. ej. las de la Cámara de Comercio Internacional de París (ICC), existen también procedimientos especiales para aquellos que son más breves y, por lo tanto, más rápidos. A primera vista, los costes de los procedimientos de arbitraje parecen ser más elevados que los de los tribunales estatales. Sin embargo, los procedimientos de arbitraje siempre se concluyen en una sola instancia, mientras que los procedimientos ante los tribunales estatales podrán tener hasta tres instancias, con lo cual los costes también pueden ser considerables. Una de las ventajas del arbitraje es que tanto la organización del arbitraje como el lugar y el idioma del mismo pueden ser libremente elegidos por las partes. Esto último tiene especial relevancia si las partes contratantes celebran el contrato, p.ej., en inglés. Entonces tiene sentido elegir el inglés como idioma del procedimiento. Además, podrá elegirse el número de árbitros (uno o tres árbitros) de conformidad a las propias normas de arbitraje. Debido a las numerosas particularidades deben ser formuladas las cláusulas de arbitraje siempre con asesoramiento jurídico.