La oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell en mayo de 2024 ha desencadenado un proceso regulatorio y político sin precedentes en España. Recientemente, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) aprobó la operación, tras aceptar BBVA una serie de compromisos para mitigar los posibles efectos negativos en la competencia. Tras esta aprobación, el ministro de Economía español debía decidir si elevaba la operación al Consejo de Ministros o si la aprobaba definitivamente.

Pocos días después el presidente del Gobierno anunció una consulta pública inédita para recabar opiniones relativas al interés general de la operación. Transcurrido el plazo fijado, el Ministerio de Economía está analizando las observaciones recibidas para decidir si eleva el expediente al Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros puede imponer condiciones adicionales a la OPA, como mantener la marca Sabadell o limitar cierres de oficinas, según la evaluación del interés general.

La consulta pública ha suscitado cuestiones jurídicas, tanto en el plano normativo como en el procedimental, y ha abierto un debate sobre la concentración bancaria y la intervención del Gobierno en operaciones privadas. Voces como la Organización de Consumidores y Usuarios o la Agencia Española de Protección de Datos cuestionan la legalidad y ajuste al ordenamiento jurídico. El debate gira en torno a los siguientes puntos:

• Ausencia de previsión normativa específica: La Ley de Defensa de la Competencia permite al Gobierno intervenir en operaciones de concentración empresarial por motivos de interés general, siempre que estos no se refieran a la competencia. Sin embargo, la normativa no prevé realizar una consulta pública en estos casos. Tampoco la normativa de OPAs contempla este trámite.
• Legalidad del procedimiento: Expertos en protección de datos han señalado posibles vulneraciones legales en la recogida de información a través del formulario habilitado por el Ministerio de Economía. Los usuarios no saben qué hará el Gobierno con los datos que deben introducir para hacer la encuesta.
• Críticas sobre la consulta: La consulta ha sido criticada por su formato y por permitir aportaciones anónimas. La consulta pública consiste en un formulario con preguntas relacionadas con los criterios de interés general que identifica la Ley de Defensa de la Competencia.
• Inseguridad jurídica y precedentes: Algunos partidos políticos han criticado al Gobierno por abrir una consulta pública antes de tomar una decisión sobre la OPA.  Desde ámbitos jurídicos se señala que esta consulta es “impropia”, no está contemplada en la ley y podría generar inseguridad jurídica y precedentes negativos para futuras OPAs.

Aunque las consultas públicas en el contexto de operaciones de concentración empresarial no son inéditas en otros países, su aplicación suele centrarse en la revisión de marcos normativos o en aspectos técnicos específicos. La consulta pública española sobre la OPA de BBVA a Banco Sabadell es singular en su enfoque directo sobre una operación específica y en su objetivo de evaluar criterios de interés general más allá de la competencia.