En un procedimiento judicial fuera de Barcelona, la fecha para la vista oral se fija con una antelación de un año y medio, debiendo las partes presentar en el juicio todos los medios de prueba de los que quieran valerse en el juicio. El demandante organiza para la fecha del juicio la comparecencia de dos testigos y tres peritos, lo que supone una considerable inversión en tiempo y dinero.

Al inicio del juicio, el demandado solicita la suspensión del procedimiento, ya que desea esperarse al resultado de otro procedimiento, que considera importante y puede influir en éste. El tribunal se inclina por la suspensión y con el consentimiento del demandante, la fecha del juicio se aplaza hasta seis meses más tarde.

Un juez, un secretario judicial, un auxiliar del Juzgado, dos abogados, dos testigos y tres peritos han estado trabajando de forma totalmente improductiva y frustrante. El resultado es que tras dos años aún no se ha celebrado el juicio. Esto podría haberse evitado simplemente con la siguiente pequeña modificación de las normas procesales:

“La solicitud de la suspensión del juicio ha de ser presentada como mínimo con un mes de antelación a la fecha de la vista y deberá ser resuelta dentro de un plazo de siete días.”

Este ejemplo ilustra cómo es posible que en España, trabajándose más horas al año que en Alemania, la renta per cápita, sin embargo, sea más baja. Según una estadística de la OCDE, el promedio de horas trabajadas en España es de 1.689 horas, mientras que en Alemania es de 1.371 horas. Según una estadística del FMI, el PIB per cápita en España era de 29.150 $, mientras que Alemania de 44.999 $. La falta de productividad se debe principalmente a una mala organización de la cual el caso aquí descrito es un claro ejemplo.