Una nueva sentencia del Tribunal Supremo requiere elevar la precaución en los procedimientos de insolvencia. En el fallo dictado en la Sentencia 228/2016, del 8 de abril 2016, el Alto Tribunal ratificó una cláusula establecida en un convenio concursal según la cual los acreedores concursales pierden sus derechos de crédito frente al concursado, siempre que no aporten los datos de su cuenta bancaria a tiempo.

En dicho convenio los acreedores de la demandante, una Sociedad que se encontraba en concurso, se comprometían a comunicarle sus datos bancarios en un plazo de tres meses. De lo contrario, se presumirá que renuncian, inicialmente, al primero, y trascurrido un plazo adicional de tres meses, a todos los demás derechos de pago que tienen frente a la concursada, que queda liberada.

Tras la demanda interpuesta por los acreedores, el Juzgado de lo Mercantil, confirmado por la Audiencia Provincial, había determinado la invalidez de esta cláusula y otorgándole a la concursada un plazo de un mes para realizar el pago a los acreedores. La concursada, por su parte, ha interpuesto recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Finalmente el Tribunal Supremo dio la razón a la concursada. A pesar del control judicial previo al que se somete el convenio, la cláusula no afectaba propiamente al contenido del convenio, sino solo a las modalidades de pago y, por tanto, no incumplía los límites legales de contenido de este.

Por lo tanto en el futuro, las empresas españolas deberán comprobar atentamente los convenios concursales para no correr el riesgo de perder sus derechos de crédito frente al concursado, y más aún dado que según Artículo 134 de la Ley Concursal los convenios vincularan a todos los acreedores ordinarios, incluso a los que se opusieron a ellos.