El 26 de junio de 2017 vence el plazo de trasposición de la Directiva 2015/849 de la Unión Europea relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo adoptada en 2015.

El Gobierno federal presentó el 22 de febrero el proyecto legislativo correspondiente, que fue aprobado justo a tiempo por el Comité Económico y Financiero del Parlamento. La nueva ley establece normas más estrictas para las relaciones de corresponsalía internacionales. La Dirección General de Aduanas creará una oficina central de control y un registro de transparencia para mejorar la supervisión de las operaciones financieras y la identificación de los beneficiarios efectivos de esas operaciones.

Además, se amplían las entidades obligadas por esta normativa. En general, la nueva ley será aplicable a promotores y proveedores de servicios de juegos de azar, así como a personas que comercien con bienes si reciben pagos en efectivo por importe superior a 10.000 €.

Alianza 90/ Los verdes echan de menos en el proyecto un planteamiento más global en la lucha contra el blanqueo. Es importante señalar que el 26 de junio entrará directamente en vigor el nuevo Reglamento de la UE (2015/847) relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos. Estas nuevas normas dificultarán seguramente las actividades terroristas y de blanqueo de capitales.