En el Derecho alemán, no solo los consumidores, sino también, en cierta medida, las empresas, están protegidos contra el hecho de que una parte contratante les imponga cláusulas contractuales abusivas o inválidas en forma de cláusulas contractuales preformuladas. Las cláusulas contractuales preformuladas se denominan «condiciones generales de contratación», aunque no se presenten como condiciones generales separadas, sino que se incluyan en un contrato tipo.

El hecho de que pueda existir un control judicial del contenido de determinadas cláusulas contractuales entre empresas se considera a menudo una desventaja para el Derecho alemán, ya que no existe en otras jurisdicciones. Por el contrario, hay casos en los que precisamente las pequeñas y medianas empresas pueden tener un gran interés en dicho control del contenido. Esto se debe a que, cuando las multinacionales les imponen condiciones contractuales, a menudo se encuentran en una situación similar a la de los consumidores frente a las empresas.

Las empresas se plantean una y otra vez si es posible excluir el control del contenido en virtud de la legislación sobre condiciones generales y cómo hacerlo. La jurisprudencia al respecto solo es clara en los casos dentro de Alemania.

Dado que las disposiciones de la legislación sobre condiciones generales (integradas en los artículos 305-310 del Código Civil alemán) son de aplicación imperativa, no pueden excluirse contractualmente. Sin embargo, la doctrina jurídica considera que la situación es diferente en los casos transfronterizos, ya que la cuestión de la elección del derecho aplicable y el alcance de dicha elección no se rige por el derecho nacional, sino por las disposiciones del Reglamento europeo Roma I.

Desde el punto de vista del Derecho europeo, el Derecho alemán sobre las condiciones generales no se considera imperativo. La mayoría de la doctrina también niega el obstáculo adicional según el cual la elección del Derecho aplicable podría fracasar por ser incompatible la exclusión del Derecho sobre las condiciones generales con el orden público del Estado del foro. Sin embargo, no existe jurisprudencia clara al respecto por parte de los tribunales alemanes. En una sentencia del Tribunal Federal Supremo (BGH) de 9 de enero de 2025 (I ZB 48/24), el BGH ha indicado al menos que esta cuestión depende también de cada caso concreto.

En cualquier caso, en la sentencia mencionada, el BGH abordó de pasada la cuestión de si las disposiciones sobre condiciones generales forman parte del orden público alemán (ordre public). Sin embargo, esta cuestión solo es relevante en la medida en que se trata de determinar si el reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral, debido a la no aplicación de las disposiciones de las condiciones generales en el procedimiento arbitral, ha dado lugar a un resultado contrario al ordre public. El Tribunal Supremo Federal alemán limitó el principio según el cual el reconocimiento de un laudo arbitral debido a la exclusión del derecho de las condiciones generales podría constituir una violación del orden público a aquellos casos en los que la celebración de una disposición contractual ya no pudiera entenderse como expresión de la libre determinación contractual o una disposición contractual tuviera consecuencias contractuales que ya no fueran aceptables en absoluto. Esta valoración restrictiva del caso concreto refuerza a quienes consideran admisible la exclusión contractual del derecho de las condiciones generales, al menos en las relaciones jurídicas transfronterizas entre empresas. No obstante, sería deseable una declaración clara al respecto por parte del máximo tribunal alemán. De lo contrario, seguirá existiendo incertidumbre en la redacción de los contratos.