La Comisión exige a España acabar con las prácticas que discriminen la comercialización de suplementos nutricionales.

El motivo que ha llevado a la Comisión a realizar este requerimiento, es la discriminación que sufren las empresas de otros estados miembros al inscribir un suplemento alimenticio en España. Si una empresa residente en España quiere introducir en el mercado por primera vez suplementos nutricionales, debe informar a las autoridades locales competentes. En cambio, las empresas de otros países de la Unión Europea deben dirigirse a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), lo que supone unos costes elevados. Por el momento, habrá que esperar para conocer los motivos en los que se fundamenta la postura de la Comisión.

Sólo el hecho de exigir una notificación con costes obligatorios asociados que rondan los 900 euros, podría ser cuestionable, en lo que se refiere a la libre circulación de mercancías a la luz el artículo 34 TFUE.

Al fin y al cabo el suplemento nutricional cumplió ya los requisitos para entrar en el mercado de otro país miembro. Por otro lado, la inscripción no se paga una sola vez si no que se paga una tasa por cada complemento alimenticio que se quiera distribuir en España.

Estas exigencias podrían limitar la libre circulación de mercancías al discriminar y dificultar de manera considerable a empresas no residentes la entrada al mercado español.

España debe comunicar a la Comisión en un plazo de dos meses las medidas que se han tomado para restablecer la garantía de la libre circulación de mercancías dentro de la Unión Europea y asegurar su eficiencia. La Comisión puede aún como ultima ratio interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo.