El pasado 23 de julio entró en vigor la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. Dicho texto normativo, que se encontraba pendiente desde la aprobación, en el año 2000, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dedica su Capítulo I (artículos 9 a 12) a las normas de Derecho Internacional Privado.

El artículo 9 regula la competencia de los órganos judiciales españoles, que remite en términos generales a las normas contenidas en los Tratados y otras normas de derecho internacional para la determinación. Fundamentalmente será el Reglamento (UE) 1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, el que determinará, por tanto, la competencia de los órganos judiciales españoles en estos casos. En el artículo 10 se establece la misma regla respecto al derecho aplicable al expediente y acto de jurisdicción voluntaria: se remite a lo que establezcan las normas de la Unión Europea (Reglamento 593/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, conocido como Roma I) o las nacionales de Derecho Internacional Privado.

El artículo 11 se refiere a la inscripción en España de resoluciones definitivas extranjeras de jurisdicción voluntaria, permitiendo el acceso de las mis-mas a los registros públicos españoles a) previa superación del trámite de exequátur o reconocimiento incidental en España y b) por el encargado del registro correspondiente, que examinará el cumplimiento de los requisitos establecidos para la inscripción.

La Disposición adicional 3ª, por su parte, prevé la inscripción de títulos extranjeros no judiciales y el artículo 12, por último, regula el régimen general respecto a los efectos en España de los expedientes y actos de jurisdicción voluntaria acordados por autoridades extranjeras.

Como es habitual, habrá que esperar un tiempo antes de valorar la eficacia de esta norma.