Casi nadie está en desacuerdo cuando se dice que los procedimientos administrativos son habitualmente muy burocráticos y lentos. Y más aún si la persona interesada requiere una decisión administrativa en el extranjero.

En el ámbito de la prestación de servicios, la Comisión Europea ha intentado ahora facilitar la actividad profesional en otros Estados miembros de la UE. Palabra clave: tarjeta de servicios. Sin embargo, bajo la misma no puede imaginarse que un proveedor de servicios pueda demostrar su cualificación profesional a través de una especie de tarjeta bancaria. Más bien, el término hace referencia a un procedimiento electrónico en el que el proveedor del servicio recibe una confirmación electrónica a su terminación. Esta confirmación determina que el proveedor del servicio cumple con los requisitos para el ejercicio de su actividad profesional en su país de origen.

El Estado miembro de acogida en el que el proveedor del servicio pretende ejercer temporalmente su actividad ya no podrá exigir que el proveedor del servicio deba aún inscribirse en un registro. Sin embargo, si se pretende abrir una sucursal en el país de acogida, deben respetarse los requisitos de registro, como la inscripción en el Registro Mercantil. La tarjeta de servicios resultará, no obstante, únicamente aplicable en una primera etapa a determinados grupos profesionales, señaladamente a los servicios de rendimiento de negocios y de construcción, es decir, p. ej. asesores informáticos, traductores, consultores de empresa, ingenieros. Además, la tarjeta de servicios no confiere un derecho al ejercicio de la actividad profesional en el Estado miembro de acogida. Esto puede prohibir el ejercicio de la actividad, pero sin embargo debe estar justificado. La tarjeta de servicios está destinada a promover la integración europea.

No obstante, si realmente llega en esta forma queda en manos de las discusiones políticas. De cualquier forma, el proyecto de reglamento y directiva resulta controvertido.