En 2018 entró en vigor en Alemania la acción declarativa colectiva para los consumidores. Ello se aceleró bajo una gran presión a través del Parlamento, al objeto de que pudieran ponerse a disposición de los numerosos demandantes por el escándalo del diésel antes de que finalizara el plazo de prescripción. Paralelamente, a nivel de la UE, se discute la introducción de una demanda colectiva para los consumidores. El Parlamento Europeo adoptó, a tal fin, una propuesta de Directiva en marzo de 2019.

Se plantea la pregunta sobre las posibles ventajas que podría tener la demanda colectiva europea frente a la acción declarativa colectiva alemana. Ambas formas de reivindicación colectivas tienen por finalidad que los consumidores, p.ej., puedan hacer valer sus reclamaciones de indemnización de daños y perjuicios simplificadamente y de la forma más barata posible, cuando un gran número de personas se hayan visto perjudicadas por el mismo suceso. Sin embargo, mientras que en el caso de una acción colectiva declarativa el Tribunal sólo decide si un determinado grupo de consumidores puede tener derecho a una reclamación por daños y perjuicios en cuanto al fondo, la futura demanda colectiva también determinará el importe de las reclamaciones por daños y perjuicios. En ambos tipos de acciones, sólo algunas instituciones, como las asociaciones de consumidores, están autorizadas a interponer las demandas. La acción declarativa colectiva sólo tiene efecto a favor y en contra de las personas que la han solicitado; en cambio, la propuesta de demanda colectiva establece que las empresas demandadas deben informar a todos los consumidores afectados de la decisión de la demanda colectiva.

Aún hay que esperar para saber cómo implementará el legislador alemán la demanda colectiva, ya que todavía hay toda una serie de cuestiones por aclarar, entre ellas la de si la demanda debe ser admisible sin necesidad de un abogado (como es preceptivo ante los tribunales regionales).