La Comisión Europea ha dado un paso importante en el proceso de la aún inexistente armonización del derecho concursal con su proyecto de finales de noviembre de 2016. La propuesta tiene como objetivo el saneamiento de empresas, no previsto por el derecho concursal alemán hasta la fecha. El objetivo es el saneamiento autónomo por el propio deudor, con el fin de evitar la insolvencia y poder mantener puestos de trabajo.

Requisito para poder aplicar el procedimiento es la inminente probabilidad de una situación concursal. La idea es de darle una segunda oportunidad a la empresa con las medidas planificadas, siempre que una mayoría cualificada de los acreedores esté de acuerdo. Según el alcance del consentimiento, el procedimiento se puede llevar a cabo con una implicación muy escasa de los juzgados. En su caso puede intervenir un moderador o se puede ordenar un aplazamiento de pago en el sentido de una moratoria. Tal moratoria puede afectar también sólo a acreedores individuales y puede eximir del deber de solicitar la declaración de concurso, aun existiendo un presupuesto objetivo de insolvencia. Como regla general, la moratoria es válida como máximo durante un periodo de cuatro meses y favorece la elaboración del plan preventivo de reestructuración. Según el proyecto, el plan debe afectar sólo la parte pasiva de los balances. No está previsto un saneamiento en un sentido operativo.

Para evitar un “turismo de insolvencia” está previsto, además, un plazo homogéneo de tres años para el desendeudamiento.

El proceso de transposición del proyecto en derecho europeo secundario obligatorio en forma de una directiva no acabará antes de en aproximadamente dos años, dado que antes será necesaria la participación de Consejo y Parlamento Europeo. Después, los estados miembros dispondrán además de un plazo de dos años para la transposición de la directiva a su derecho nacional, que es cuando se concretizará en qué medida los estados miembros harán uso de las numerosas regulaciones opcionales.