Al comienzo de un nuevo año merece la pena intentar especular sobre la situación que tendrán los Juzgados a la luz de los cambios operados en el 2025 y que tan bien nos ha ido desgranando el Sr. Castrillo en anteriores artículos. Por desgracia, pese a la buena voluntad de las reformas, no parece que las mismas vayan a tener el éxito buscado. 

Desde el 1 de enero de 2026, las novedades sobre la oficina judicial (eliminación de los Juzgados de Primera Instancia y de lo Mercantil y reconversión en Tribunales de Instancia, oficina judicial común, etc.) se aplican también a las jurisdicciones principales, como Madrid o Barcelona. Por desgracia, estas novedades no van unidas a más recursos con lo que, ante la falta de reglamentación detallada, se ha producido cierto caos en los Tribunales. 

En este sentido, las citaciones para finales de 2026 o 2027 se han convertido en algo usual y hay Juzgados incluso que están citando para 2028, con el consiguiente desespero de las partes. 

Dada la falta de presupuestos anuales y la falta de acuerdo en temas de financiación autonómica (buena parte de la oficina judicial es financiada a nivel autonómico), no es esperable que se puedan generar planes de financiación a corto plazo. Será la práctica y el tiempo las que hagan que vayan encajando las distintas piezas.  

Otra de las grandes novedades de la ley, los llamados MASC o métodos prejudiciales de solución de conflictos tampoco están ayudando a agilizar los procedimientos, pues no están eliminando la necesidad de acudir a los Juzgados. Todavía no existe unanimidad entre los distintos Juzgados (ahora Tribunales) sobre los métodos aceptables de comunicación, la necesidad real de una negociación, lo que sucede en casos de falta de localización de la parte demandada, etc. lo que ha introducido mucha inseguridad. Esperemos que a lo largo de 2026 se vayan produciendo resoluciones de Audiencias Provinciales que introduzcan una mayor claridad al respecto. 

Si a principios de 2025 se podía esperar que se fuesen a promulgar nuevas leyes importantes en materias jurídicas y procesales (que llevaron incluso a alguna huelga judicial), esa perspectiva no existe para 2026 dada la situación política actual de bloqueo parlamentario. Seguirán seguramente los conflictos entre Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Fiscalía General, pero ello afecta sobre todo a procedimientos con carga política y no debería afectar al mundo empresarial. 

Finalmente, centrándonos en Madrid, se estima que en el verano de 2026 se puede empezar a producir el primer traslado de Tribunales de Instancia y de la Audiencia Provincial a la nueva Ciudad Judicial de Valdebebas. La existencia de nuevas sedes más modernas, centralizadas, etc. puede suponer una mejora futura importante, pero desde luego creará dificultades iniciales.

En definitiva, en 2026 debemos seguir contando con retrasos relevantes y sin soluciones efectivas a corto plazo.