Nuevas obligaciones tributarias en Cataluña para las sociedades patrimoniales
La Generalitat de Cataluña, mediante la promulgación de la Ley 6/2017, de 9 de mayo, del Impuesto sobre los Activos No Productivos de las Personas Jurídicas, creó el impuesto que obliga a las sociedades o entidades sin personalidad jurídica con objeto mercantil a gravar los bienes y derechos que recaigan sobre estos, siempre y cuando no estén afectos a la actividad económica y sean utilizados para fines personales de los socios. Esta Ley, es importante destacar, afecta no sólo a las sociedades patrimoniales (aquéllas que la Ley del Impuesto de Sociedades define por no tener afecto a actividad económica la mitad de su activo) sino también, a aquellas sociedades que aunque tienen más de la mitad de su activo afecto a actividad económica, disponen también de bienes que no lo están.
Tras la declaración de constitucionalidad del Impuesto, fallada por el Tribunal Constitucional el 28 de febrero de 2019, la Generalitat ha promulgado una nueva norma que obliga a la presentación de la autoliquidación del Impuesto para los ejercicios ya devengados pero no exigidos, esto es, los ejercicios 2017, 2018 y 2019. El plazo para presentar la autoliquidación del Impuesto es del 1 octubre al 30 de noviembre del año 2019 y el objeto de la autoliquidación serán los bienes improductivos que las empresas tenían a 30 de junio de 2017 para la declaración del año 2017 y a 1 de enero para los sucesivos ejercicios.
Por último, señalar que tales bienes improductivos, para ser susceptibles de ser gravados con el nuevo Impuesto, deben estar ubicados en Cataluña. Siendo evidente –salvo quizás para la Generalitat- la dificultad práctica que reviste fijar y/o determinar la localización de los bienes muebles -por la propia naturaleza de éstos-, todo parece apuntar que el grueso de las autoliquidaciones versará acerca de los bienes inmuebles, debiéndose estos valorar por su valor catastral actualizado en la correspondiente Ley de presupuestos.