El mundo digital se desarrolla a un ritmo vertiginoso, y obviamente las cuestiones fiscales no son ajenas a él. Ahora le toca el turno a la facturación electrónica, que ha llegado para quedarse de manera permanente, extendiéndose la obligación de expedir, remitir y recibir facturas a todos los empresarios y profesionales en sus relaciones comerciales de acuerdo con los últimos cambios introducidos por el gobierno. El objetivo de la norma es la promoción del uso de la factura electrónica en operaciones entre empresarios y profesionales para la digitalización de relaciones comerciales, reducir costes de transacción y facilitar la transparencia en el tráfico mercantil. Se trata de una medida clave para poder atajar de manera eficaz la morosidad en las operaciones comerciales.

La obligación general de facturar y cómo hacerlo viene regulada por la normativa que desarrolla la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA). Con la publicación de la nueva norma se introduce la obligación de hacerlo electrónicamente, haciéndose exigibles en diferentes momentos de tiempo. Así, para los empresarios con un volumen de negocios superior a 8 millones de euros, el deber de facturar electrónicamente no se producirá hasta que pase un año desde el desarrollo reglamentario de la ley; para el resto de los empresarios o profesionales el plazo se amplía a los dos años.

Al objeto de cumplir con las prescripciones generales de facturar electrónicamente, aquellas plataformas o sistemas internos de las empresas deberán garantizar su interconexión e interoperabilidad de forma gratuita. Además, dichos programas deberán velar por la integridad, conservación e inalterabilidad de los registros sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas de facturación. A este respecto vale la pena preguntarse si las nuevas tecnologías jugarán un papel relevante en los nuevos sistemas de facturación. De acuerdo con el que escribe, parece obvio afirmar que sí, y es por ello por lo que las empresas deben comenzar a implementar estas nuevas tecnologías en sus estructuras.

Tomando en cuenta que los procesos de implementación de la factura electrónica pueden ser costosos y para apoyar esta medida, dentro de la Agenda Digital 2025 se han propuesto programas de subvenciones que permitirán la adquisición e implantación masiva de soluciones de digitalización, en particular el Programa Digital Toolkit dotado con más de 3.000 millones de euros. A través de un diagnóstico previo del nivel de madurez digital, las empresas podrán identificar sus necesidades de digitalización, entre ellas la de adopción de la factura electrónica, obteniendo una subvención para emplear en la contratación de productos o servicios de facturación electrónica y asegurar su implantación efectiva.

En definitiva, ya no existen excusas para comenzar con el proceso de transformación digital, recomendándose desde aquí, que esta no se limite únicamente a la facturación, sino que sirva de desarrollo real en las entidades, que seguramente mejorarán su eficiencia interna y podrán ofrecer sus productos y servicios de forma más competitiva.