El mayor laudo que estaba pendiente de resolución, en el que un grupo enorme de inversores en fotovoltaica reclamaba 1.300 millones, que con las costas e intereses ascendían a casi 2.000 millones, ha quedado prácticamente en nada. Después de casi nueve años de disputa, los árbitros de Uncitral, la sede de la ONU en la que se dirimía, han dejado la indemnización en unos 90 millones de euros por los recortes a las renovables y sin costas, según fuentes conocedoras del procedimiento. Esta era la mayor amenaza al Estado español en los laudos.

En 2011 decenas de inversores internacionales que habían invertido en fotovoltaica en España se agruparon y plantearon el primer arbitraje internacional contra los recortes de primas a las renovables. Se acogían al Tratado de la Energía y denunciaban que los primeros recortes de primas por la crisis incumplían ese tratado. Acudieron a Uncitral, una de las sedes en las que se dirimen estas disputas.

El caso se ha ido alargando porque se fueron añadiendo distintos recortes y los inversores fueron ampliando la reclamación. Aunque la cuantía inicial era de 1.300 millones, con las costas y los intereses, la previsión del Ejecutivo rondaba los 2.000 millones. Según fuentes del sector, difícilmente podría ser más satisfactoria para España. El laudo rebaja los 2.000 millones que podía alcanzar la reclamación de ser estimada en su totalidad a solo 90 millones. Hay inversores que pedían cientos de millones y que recibirán menos de lo que gastaron en abogados. El laudo no hace condena en costas por lo que cada parte asume su defensa. Solo en costas, la reclamación sumaba 15 millones de euros.

Estos arbitrajes se deciden por tres árbitros: uno lo proponen los inversores; otro, España y el tribunal designa al presidente. En este caso, el árbitro propuesto por los inversores, Charles Bower, ha emitido un voto particular discrepante.