Una vez más se ha generado una importante polémica a la hora de elegir a los miembros del CGPJ, así como a su Presidente. El CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces. No es un órgano judicial, es decir no dicta sentencias, pero es el responsable, entre otras cosas, de los nombramientos de los jueces y magistrados en los diferentes juzgados y tribunales.

El problema se lleva arrastrando desde hace años. La Constitución Española (CE) prevé que el CGPJ esté compuesto por 20 vocales más un Presidente, que lo será también del Tribunal Supremo (TS). En su art. 122, la CE prevé que, de los 20 miembros, 12 pertenecerán a la carrera judicial y otros 8 serán abogados o juristas de reconocida competencia y con más de 15 años de experiencia. Respecto de estos 8 miembros, la Constitución dice que serán elegidos “a propuesta” de las Cortes, pero no dice nada respecto de la elección de los otros 12 miembros (los que pertenecen a la carrera judicial).

Hasta la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en 1985, esos 12 miembros provenientes de la carrera judicial eran elegidos por los propios Jueces y Magistrados, sin intervención de las Cortes. Tras la LOPJ, sin embargo, los 20 vocales pasan a ser elegidos “a propuesta de” las Cortes, lo que en la práctica supone que los principales grupos parlamentarios (partidos políticos) pactan de antemano los nombres de los que serán vocales del CGPJ.

En esta última ocasión, además, no sólo se ha pactado la composición del CGPJ, sino además quién iba a presidirlo, cuando la LOPJ establece que son los vocales, en la primera sesión, los que elegirán a su Presidente. Es decir, antes de conocer siquiera los nombres de los vocales “propuestos” por las Cortes, ya se sabía quién iba a presidir el GCPJ (y con ello el Tribunal Supremo). Ello, unido a algún “whatsapp” muy desafortunado, ha llevado al candidato a renunciar –de antemano- a la Presidencia que ya había sido pactada. Veremos cómo acaba, pero lo cierto es que la acreditada voluntad de los grupos políticos de controlar el CGPJ no augura nada bueno.