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Nueva ley contra las burbujas inmobiliarias pasa por el Consejo Federal

31/05/2017
| Philipp Schönnenbeck
Neues Gesetz gegen Immobilienblasen passiert den Bundesrat

El 30.03.2017 el Parlamento adoptó una enmienda a la Legislación sobre Supervisión Financiera con el fin de proteger de los peligros para la estabilidad financiera en el sector inmobiliario. El Consejo Federal aprobó la enmienda el 12.05.2017. Objeto de la enmienda son los suplementos en la legislación de supervisión de servicios financieros y en la ley de transposición de la Directiva sobre los créditos para bienes inmuebles de uso residencial (Directiva 2014/17/UE). De esta manera, la BaFin queda facultada para fijar determinados criterios mínimos a la concesión de nuevos créditos para la adquisición o construcción de viviendas cuando esto sea necesario para proteger de un peligro inminente para la estabilidad financiera. Así es posible establecer un límite a la cuantía del préstamo en relación con el valor inmobiliario, así como disposiciones sobre el plazo en el que un préstamo inmobiliario queda liquidado. En especial, créditos más pequeños y refinanciaciones quedan excluidos del ámbito de aplicación. El objetivo de la modificación es estar preparado en caso de una burbuja inmobiliaria. Sin embargo, el legislador recalcó que ni hasta el momento ni en la actualidad ha habido burbuja inmobiliaria en Alemania. La concesión de préstamos está caracterizada en Alemania por un porcentaje de capital propio relativamente alto y por financiaciones a largo plazo con interés fijo.

Las enmiendas a la ley de transposición de la Directiva 2014/17/UE prevén una atenuación de las normas sobre la evaluación de la solvencia del consumidor. Según la redacción original, quedaba especialmente previsto que la concesión de créditos no debería apoyarse principalmente en el incremento del valor del inmueble, lo que fue especialmente criticada, ya que limitaba la concesión de créditos a familias jóvenes, por un lado, y a personas mayores, por otro. Esta pauta ya ha sido suavizada. En particular, se deben poder tener en cuenta los incrementos de valor de viviendas por obras o reformas en el marco de la evaluación de la solvencia del consumidor.

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