El Proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes encara la fase final de su tramitación parlamentaria y está previsto que entre en vigor antes del final de 2022, convirtiéndose con ello en la primera Ley de startups de la Unión Europea. Esta ley introducirá una serie de novedades de interés para los directivos, especialmente en el ámbito fiscal.

La Ley de startups gira alrededor del concepto de “empresas emergentes”, a las que se reservan la mayor parte de las medidas que incorpora. Para ser considerada emergente, será necesario que la empresa sea certificada como tal por ENISA, cumpliendo una serie de requisitos, entre los que destacan los siguientes: que no hayan transcurrido más de 5 años desde su constitución (7 en caso de empresas de biotecnología, energía, industriales y otros sectores estratégicos, o que hayan desarrollado tecnología propia), que su sede y al menos el 60% de su plantilla se encuentren en España, que desarrolle un proyecto de emprendimiento innovador con un modelo de negocio escalable y que su facturación no supere los 10 millones de euros anuales.

Entre los beneficios fiscales que introduce la Ley de startups, destaca la ampliación del ámbito de aplicación del régimen especial de trabajadores desplazados, conocido como “Ley Beckham”. Reservado hasta ahora a trabajadores por cuenta ajena que celebrasen un nuevo contrato de trabajo en España o que fuesen desplazados a España por orden de su empresa, y a administradores de sociedades con una participación inferior al 25% en el capital, la reforma permitirá que se acojan al mismo determinados trabajadores por cuenta propia (quienes vayan a realizar una actividad emprendedora con informe favorable de ENISA o vayan a prestar servicios a empresas emergentes como profesionales altamente cualificados), los trabajadores por cuenta ajena que decidan teletrabajar desde España (es decir, sin que su desplazamiento haya sido ordenado por su empresa), los administradores de sociedades con independencia de su participación en el capital, y sus respectivos cónyuges e hijos menores de 25 años o con discapacidad. Además, se reduce de 10 a 5 el número de años previos al desplazamiento en los que el trabajador no puede haber sido residente fiscal en España.

La Ley de startups también mejora el tratamiento fiscal de la remuneración basada en la entrega de acciones o participaciones a los trabajadores de empresas emergentes (stock options): quedan exentas hasta 50.000 € anuales por trabajador (12.000 € para el resto de empresas) y, en lo que excedan, se permite diferir su tributación hasta 10 años.

Destaca por último la mejora de la deducción, aplicable en IRPF, por inversión en empresas de nueva o reciente creación (sean o no empresas emergentes), que se amplía del 30% al 50% de la cantidad invertida, con un máximo de 100.000 € (anteriormente de 60.000 €).