Más de un año después de la sentencia del Tribunal de la Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el “Caso Diarra”, el actor principal, el futbolista Lass Diarra, está reclamando 65 millones de euros a FIFA y la Federación Belga, en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Adicionalmente, la fundación neerlandesa Justice for Players (JfP) está promoviendo una demanda colectiva en nombre de hasta 100.000 jugadores profesionales (las cifras exactas no están muy claras) para reclamar indemnizaciones millonarias, también contra FIFA y otras federaciones nacionales, entre otras, la alemana (Deutscher Fußball-Bund). Todo ello, en base al pronunciamiento del TJUE en la sentencia Diarra sobre la incompatibilidad parcial del sistema de transferencia de FIFA con el derecho fundamental de libre circulación de trabajadores dentro de la Unión Europea, garantizado por el art. 45 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), es decir, con la normativa comunitaria.

Aunque no hay certeza si las reclamaciones promovidas por Justice for Players van a prosperar, ni tampoco si las pretensiones de Diarra están justificadas, y si puede acreditar haber sufrido estos daños, es evidente que la sentencia ha causado mucho movimiento fuera de los campos de fútbol. También es importante destacar la presencia de una fundación como JfP, que parece tener gran poder de convocación de jugadores, y el respaldo de la asociación de futbolistas FIFPRO a la reclamación de Diarra.  

El fondo del problema es el mismo que en anteriores sentencias del TJUE sobre deporte, como en el “Caso Bosman”. El fútbol profesional, además de ser deporte y promover a muchos aficionados, también es una actividad económica, y como tal está sujeto a la normativa de la Unión Europea, por ejemplo, al derecho de libre circulación de futbolistas profesionales u otros trabajadores. Por el otro lado, tanto FIFA como UEFA ven la necesidad, seguramente justificada, de garantizar la estabilidad contractual, regular los traspasos, etc., todo con el fin de velar por un desarrollo justo de las competiciones. No es fácil encontrar soluciones a nivel federativo para garantizar que se cumplen los objetos de FIFA y UEFA, y que a la vez se encuentren dentro del marco normativo de la Unión Europea y de los correspondientes países.

En la práctica, parece inevitable que vaya a haber correcciones de las regulaciones de FIFA y UEFA por parte del TJUE y de tribunales nacionales, y que las federaciones tendrán que adaptar sus reglamentos internos a estas sentencias. La cuestión es en qué medida hay impactos económicos y de fondo, y en el caso Diarra, al menos los posibles impactos económicos pueden ser muy importantes.