Los acuerdos de distribución son atípicos, puesto que no están explícitamente regulados. Por lo tanto, puede aplicarse por analogía el régimen contractual general contenido en el Código de Comercio, en el Código Civil y, en determinadas circunstancias, en la Ley de Contrato de Agencia.

Asimismo, los acuerdos de distribución deberán ajustarse al Derecho de la Competencia y, en su caso, a la normativa sectorial específica.

Los contratos de distribución habitualmente poseen una naturaleza de tracto sucesivo y pueden contener una cláusula de exclusividad para el distribuidor, así como determinadas restricciones territoriales. En ocasiones, el fabricante puede ostentar una posición de dominio en el mercado frente al distribuidor, quien puede situarse en una dependencia económica. No obstante, ninguna de estas modalidades son per se contrarias a la normativa de defensa de la competencia y a la norma de competencia desleal.

La conducta desleal puede tener lugar cuando el distribuidor se encuentra en una situación de dependencia económica y el fabricante explota abusivamente su posición de dominio en el mercado, imponiendo condiciones contractuales no equitativas. También puede ser desleal la resolución contractual sin preaviso si concurre dependencia económica del distribuidor y se ha pactado la exclusividad.

La Ley de Competencia Desleal (“LCD”) establece en su artículo 16.2 que se reputa desleal la explotación de la situación de dependencia económica de una empresa cuando la entidad no disponga de alternativa equivalente para el ejercicio de la actividad. De esta manera, se presumirá la explotación de una situación de dependencia cuando un fabricante, además de los descuentos o condiciones habituales, deba conceder a su distribuidor de forma regular otras ventajas adicionales que no se confieran a otros distribuidores similares.

La situación de dependencia económica es aquella en la que –con motivo del poder de mercado que ejerce el fabricante- el distribuidor carece de alternativa equivalente para el desarrollo de su actividad en el mercado. En este sentido, resulta necesario identificar el mercado relevante a fin de determinar si realmente existe una situación de dependencia económica. El análisis de mercado relevante permitirá evaluar si existían alternativas equivalentes para el distribuidor en situación de dependencia económica.

Al hilo de la dependencia económica y una vez acreditada su existencia, se consideraría también desleal la terminación unilateral del contrato sin preaviso o la amenaza de ruptura si no se conceden ventajas especiales por parte del fabricante (vid. artículo 16.3 de la LCD). La resolución contractual sin preaviso conlleva la depuración de las responsabilidades contractuales correspondientes, con independencia de que el distribuidor ejercite una acción judicial solicitando la declaración de la conducta desleal y la indemnización de los daños y perjuicios relativos al perjuicio ocasionado a su posición competitiva.