El Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría una notable atenuación de la “Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)”. La directiva europea sobre la cadena de suministro, adoptada en 2024, debía introducir a partir de 2027 amplias obligaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos y medioambiente para las empresas de la Unión Europea. Sin embargo, antes de su aplicación efectiva, su ámbito fue considerablemente limitado.

El núcleo del acuerdo es el aumento significativo de los umbrales de aplicación. En lugar de los inicialmente previstos 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación anual, las obligaciones se aplicarán únicamente a empresas con más de 5.000 trabajadores y una facturación anual mundial de al menos 1.500 millones de euros. Según los negociadores, cerca del 85% de las empresas inicialmente incluidas quedan fuera del ámbito de la directiva. Solo un número reducido de grandes corporaciones se verá directamente afectado.

Desde el punto de vista material, la directiva también ha sido suavizada. Aunque se mantiene la obligación de identificar, evaluar y mitigar los riesgos para los derechos humanos y el medioambiente a lo largo de la cadena de suministro, se han eliminado elementos clave. En particular, se suprime la obligación de elaborar planes climáticos vinculantes. Asimismo, ya no se prevé un régimen uniforme de responsabilidad civil a nivel de la UE; las reclamaciones por daños deberán basarse exclusivamente en la legislación nacional. Las empresas podrán seguir estando obligadas a establecer mecanismos internos de reclamación. En caso de incumplimiento, podrán imponerse sanciones de hasta el 3% de la facturación neta mundial.

El objetivo de la CSDDD sigue siendo reforzar la protección de los derechos humanos y exigir una mayor responsabilidad a las grandes empresas ante riesgos como el trabajo infantil o forzoso. Tras las críticas por la elevada carga burocrática y la complejidad de las cadenas de suministro globales, la atenuación supone ahora una reducción significativa de las exigencias de cumplimiento. Las empresas medianas quedan en gran medida excluidas de obligaciones directas, aunque pueden verse afectadas indirectamente como proveedoras.

Para Alemania, la aplicación nacional resulta especialmente relevante. Conforme al contrato de coalición de CDU, CSU y SPD, la directiva se transpondrá de manera poco burocrática y orientada a una aplicación práctica eficiente. La actual ley alemana sobre las obligaciones de diligencia debida en la cadena de suministro (“LkSG”) será sustituida por una ley sobre responsabilidad empresarial internacional que incorporará la CSDDD al derecho nacional. Durante el período de transición, la LkSG será adaptado para limitar las cargas administrativas.

La nueva versión de la CSDDD aún debe adoptarse formalmente y ser transpuesta por los Estados miembros. Las empresas deberían seguir de cerca la evolución normativa y revisar oportunamente sus estructuras de cumplimiento.