La responsabilidad por suelos contaminados

La Ley de Residuos aprobada en el año 1998 vino a consagrar el principio “quien contamina paga”, al señalar como los principales responsables de realizar las operaciones de limpieza y recuperación, a los causantes de la contaminación, que cuándo sean varios responderán solidariamente, y, subsidiariamente, a los poseedores de los suelos contaminados y a los propietarios no poseedores. 

Este régimen de responsabilidad subsidiaria, sin embargo, fue variado por la hoy vigente Ley de residuos y suelos contaminados, en vigor desde el 30 de julio de 2011, al situar al poseedor en último lugar, por detrás del contaminador y del propietario no poseedor. Además, la Ley hoy en vigor, estableció de forma expresa que los responsables subsidiarios podían repercutir el coste de las actuaciones que hubiesen llevado a cabo en la recuperación del suelo contaminado, al causante o causantes de la contaminación. 

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 10 de octubre de 2016, resulta interesante por diversos motivos. El primero, por establecer que no sería admisible que, mediante la subrogación prevista en la Ley, un comprador del suelo contaminado no causante de la contaminación vuelva a obtener lo que hubiera obtenido ya mediante un descuento en el precio por el que lo adquirió. Y el segundo, por afirmar que la Ley de residuos del año 1998 resultaba de plena aplicación a las contaminaciones de suelo ya producidas con anterioridad a su entrada en vigor. Y en tercer y último, porque si bien la norma administrativa imputa una responsabilidad solidaria a los causantes de la contaminación de ser éstos varios, el Tribunal señala que nada le impide, si así se solicita, fijar las cuotas de responsabilidad en las relaciones internas, atendiendo a la contribución de cada uno a la total contaminación del suelo.