La Comisión Europea presentó una propuesta de reforma de la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores. El plazo de transposición de la Directiva 2014/67/UE en los Estados miembros concluyó el 18/06/2016. Los motivos de esta propuesta de reforma fueron, por un lado, el aumento en casi un 45% de los desplazamientos de trabajadores dentro de la UE entre 2010 y 2014 y, por otro, el objetivo de mejorar fundamentalmente la protección de los trabajadores. La nueva Directiva debe garantizar la protección de las condiciones laborales en toda la Unión Europea, evitando el denominado “dumping social”, es decir, que proveedores de servicios ofrezcan salarios más bajos en mercados donde las normas laborales son menos favorables para el trabajador. La propuesta de reforma prevé además la aplicación de un mismo régimen retributivo, incluidos bonus y complementos, tanto a los trabajadores locales como desplazados dentro de la UE.

Sin embargo, de conformidad con la nueva Directiva, las disposiciones sobre protección de los trabajadores del Estado miembro de acogida sólo se aplicarán en caso de desplazamiento de larga duración, es decir, superior a dos años. Se aplican preferentemente las disposiciones que más favorecen al trabajador desplazado. Para lograr los objetivos que plantea la reforma también se ha precisado el concepto del “desplazado”. La empresa que desplaza al trabajador debe desarrollar una actividad sustancial en el país de origen, los desplazamientos se permiten solo durante un periodo limitado y las facultades de control de las administraciones deben unificarse.

La reforma ha sido en parte criticada. Algunos parlamentos nacionales se han expresado en contra de los planes de reforma de la Comisión Europea en lo que respecta a la lucha contra el “dumping social“. Otros criticaron que el proyecto contenía formulaciones demasiado retóricas que no ofrecen seguridad jurídica. Alemania ha transpuesto ya las disposiciones de esta Directiva en su normativa sobre desplazamiento de trabajadores.

Está por ver si estos cambios contribuirán a mejorar la protección de los trabajadores, la transparencia y la claridad jurídica en los Estados miembros.