En septiembre de 2025, el debate fiscal en España se centra en la elevada presión fiscal directa que soportan las empresas, lo que afecta a la competitividad y al crecimiento económico. España figura entre los países de la UE con mayor carga fiscal empresarial, hasta cinco puntos por encima de la media europea.

El esfuerzo fiscal no se limita al Impuesto sobre Sociedades, sino que incluye cotizaciones sociales, tributos locales y otros gravámenes. Las empresas aportan el 48,8% de la recaudación total, diez puntos más que la media europea. En relación al PIB, la fiscalidad empresarial representa un 17,8%, frente al 14,8% de la UE y el 12,8% de la OCDE.

Esta situación impacta en la rentabilidad y capacidad de inversión, especialmente de las pymes, que constituyen más del 90% del tejido empresarial. La elevada carga fiscal reduce recursos para innovación, internacionalización y empleo, colocando a las empresas españolas en desventaja competitiva.

La complejidad normativa y la proliferación de gravámenes temporales y tasas específicas aumentan los costes de gestión y la inseguridad jurídica. Más de la mitad de las empresas consideran la presión fiscal una barrera grave para su desarrollo.

El debate actual plantea la necesidad de una reforma estructural que simplifique el sistema tributario, reduzca la carga fiscal directa y mejore la competitividad. Mientras tanto, la presión fiscal sigue siendo un reto clave para el crecimiento empresarial.

Además, esta presión afecta la atracción de inversión extranjera y la retención de talento. La elevada fiscalidad y la incertidumbre regulatoria pueden disuadir a inversores y fomentar la deslocalización hacia países con entornos fiscales más favorables, especialmente en sectores estratégicos como tecnología, industria y servicios avanzados.

También repercute en la estructura financiera, obligando a destinar más beneficios al cumplimiento tributario, en detrimento de la reinversión. Las pymes, sin los recursos ni la capacidad de planificación fiscal de las grandes corporaciones, son las más perjudicadas, lo que amplía la brecha competitiva.

La literatura económica y organismos internacionales advierten que una fiscalidad excesiva frena el crecimiento, la innovación y el empleo. Por ello, voces empresariales y académicas reclaman una revisión profunda del sistema tributario, orientada a reducir la presión fiscal, simplificar procedimientos y ofrecer mayor seguridad jurídica.

Entre las propuestas destacan la reducción de tipos impositivos efectivos, la eliminación de tributos distorsionantes y la armonización fiscal autonómica y local. También se aboga por estabilidad normativa y planificación fiscal a medio y largo plazo, que permita anticipar obligaciones e inversiones con mayor certidumbre.

En resumen, la presión fiscal directa es uno de los principales desafíos para la competitividad empresarial en España. Su reducción, junto con una simplificación normativa y mayor seguridad jurídica, es clave para impulsar el crecimiento económico, atraer inversión y fortalecer el tejido empresarial en un entorno global cada vez más exigente.