Más de 32 años después de la entrada en vigor de la antigua Ley del Deporte, el 31 de diciembre de 2022 finalmente fue publicada la Ley 39/2022, del Deporte. Además de sustituir y derogar la antigua Ley del Deporte, esta norma incluye novedades y regula temas no incluidos en la anterior norma. Aunque prácticamente todo el mundo estaba de acuerdo sobre la necesidad de renovar la legislación sobre el deporte, ha habido bastante polémica sobre el alcance de la ley y sobre varios puntos de la misma.

Seguramente uno de los temas más mediáticos es la inclusión de la llamada “cláusula anti-Piqué”, llamada de esta manera por la prensa en alusión a la presunta intermediación de la sociedad Kosmos, vinculada al jugador, en la organización de la Supercopa de futbol en Arabia Saudí, ya que el artículo 51 b) prohíbe a las federaciones españolas en eventos de ámbito estatales establecer cualquier relación comercial con un deportista que podría participar en el evento.

La situación de las ligas profesionales, y, en concreto, sus competencias (exclusivas) en la comercialización de las competiciones profesionales ha sido otra cuestión controvertida durante la fase de elaboración de la ley. Finalmente, el artículo 95 establece las competencias de las ligas profesionales, y mantiene en el apartado e) su competencia en la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales.

Sin embargo, no sería justo fijarse solamente en los puntos más mediáticos de la nueva norma, ya que la misma es más amplia que la antigua Ley del Deporte 1990, y su idea es adaptar la normativa de la actividad deportiva a la nueva realidad. En palabras del propio Consejo Superior de Deportes, la norma “reconoce la actividad deportiva como un derecho; elimina desigualdades por razón de sexo, género y discapacidad; impulsa la presencia de la mujer en el ámbito del deporte; y regula derechos y deberes de las personas deportistas”, entre otras novedades.
Desde el punto de vista legal, resulta llamativa la clasificación muy detallada de deportistas en varias categorías. En concreto, se distingue entre deportistas de competición y no competición, que pueden ser federados y no federados; entre deportistas profesionales y no profesionales; y además se regulan las categorías de deportistas de alto nivel y los de alto rendimiento. Aunque la clasificación y las definiciones de cada categoría de deportistas por la norma pueden resultar bastante teóricas sobre el papel, las mismas tiene consecuencias importantes en la práctica, ya que la norma otorga diferentes derechos e impone diferentes deberes a cada categoría de deportista.

Referente a las federaciones deportivas, que legalmente son entidades privadas, la ley mantiene el modelo utilizado tradicionalmente en España, que se diferencia de modelos aplicados en otros países por la mayor influencia y control del estado, delegando a las federaciones funciones públicas y monopolio, y sujetando su actividad a autorización estatal.