La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado, mediante Resolución de 8/2/2023 (adoptada en el marco del Expediente SAMUR/02/22) un cartel formado entre las principales asociaciones de radio taxi de la región de Murcia para impedir la entrada en el mercado de empresas que permitían la solicitud del servicio de taxi mediante el uso de nuevas tecnologías.

De acuerdo con la Resolución, la cooperativa Radio Taxi Murcia y la asociación TeleTaxi Ciudad de Murcia acordaron sancionar, e incluso expulsar, a los taxistas que ofrecieran sus servicios a través de otras plataformas terceras. Mientras que la Resolución impone a Radio Taxi Murcia una multa de 31.174 €, TeleTaxi Murcia no ha sido sancionada al haberse disuelto con anterioridad a la fecha de la Resolución.

El Expediente tiene su origen en varias denuncias presentadas por profesionales del taxi de la Región de Murcia.

En particular, según la Resolución, Radio Taxi Murcia y TeleTaxi Ciudad de Murcia alcanzaron un acuerdo anticompetitivo consistente en expulsar a cualquier taxista que prestara servicios a cualquier empresa ajena a ellas, así como no admitir, durante un período de tres años, a ningún cooperativista o asociado que hubiera sido expulsado por dicho motivo. 
Además, Radio Taxi Murcia incurrió en una decisión colectiva anticompetitiva mediante la modificación de sus estatutos, dado que con ella se impedía a sus socios realizar servicios asignados por emisoras distintas de las gestionadas por Radio Taxi Murcia, llegando incluso a adoptar medidas disuasorias para lograr dicho objetivo (sancionándolos y expulsando a uno de ellos). Estas prácticas, según la CNMC, estuvieron vigentes desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el momento de disolución de Tele Taxi Ciudad de Murcia, en julio del 2019.

Según la Resolución, con estos acuerdos, ambas asociaciones incumplieron el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. En particular, eliminaron la independencia de actuación de los taxistas de Murcia con el objetivo de evitar la entrada de terceras empresas (que, en consecuencia, apenas pudieron penetrar en el mercado). El acuerdo, además, supuso grandes pérdidas económicas para aquellos taxistas que incumplieron las condiciones impuestas, pues ambas asociaciones abarcaban el 92,38% de las licencias de taxi de Murcia. Ello implicaba que en la práctica los taxistas que incumplían estos acuerdos (y no podían formar parte de estas asociaciones durante un periodo de 3 años) quedaban prácticamente fuera del sistema de solicitud de taxi por vía telefónica en Murcia, que era uno de los principales sistemas de solicitud en el momento de los hechos. 

Esta Resolución pone de manifiesto, una vez más, los efectos perjudiciales que los cárteles tienen para la sociedad y para la economía, en particular cuando las empresas cartelizadas aúnan un fuerte poder de mercado.