El 19 de julio de 2023, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha adoptado una Resolución por la que sanciona a cuatro empresas activas en el sector de suministro, mantenimiento y modernización de material militar y a seis directivos por repartirse varias licitaciones del Ministerio de Defensa Español (MINDEF) a través de dos cárteles.

A raíz de una denuncia presentada por INDRA SISTEMAS, en junio y noviembre de 2021 la CNMC llevó a cabo inspecciones en las sedes varias empresas del sector. En diciembre de 2021, la CNMC inició un expediente sancionador contra COHEMO, CASLI y su matriz IC5, JPG y SDLE, acordando la ampliación de la incoación a la matriz de COHEMO y a seis directivos de algunas empresas incoadas por la posible comisión de conductas contrarias al artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

En su Resolución, la CNMC declara la existencia de dos infracciones únicas y continuadas consistentes en la creación de dos cárteles mediante los que (i) COHEMO, JPG y SDLE se repartieron las licitaciones del MINDEF que tenían por objeto el suministro, mantenimiento y la modernización de vehículos militares desde enero de 2016 hasta junio de 2021, y (ii) COHEMO y CASLI manipularon un acuerdo marco para comprar contenedores militares desde septiembre de 2019 hasta junio de 2021.

En cuanto al modus operandi, las empresas sancionadas utilizaron Uniones Temporales de Empresas (UTE), suscribieron pactos de no concurrencia y presentaron ofertas de cobertura en las licitaciones para asegurarse del resultado previamente acordado entre ellas.

En consecuencia, la CNMC declara la existencia de dos infracciones muy graves de los artículos 1 LDC y 101 TFUE constitutivas de cártel e impone multas por valor total de 6 millones y medio de euros tanto a las empresas incoadas como a algunos de sus directivos, por su participación en dichas conductas. Asimismo, solicita que se prohíba a esas empresas contratar con la Administración Pública en el futuro, aunque no fija la duración (máximo 3 años) y alcance que tendrá esa prohibición de contratar, que podría además no imponerse en atención a los programas de cumplimiento de competencia que están desarrollando algunas de las empresas sancionadas.

Este asunto revela una vez más que la investigación de cárteles y, en particular, los que afectan al sector público constituye una de las máximas prioridades de la CNMC. Asimismo, la Resolución también resulta relevante en la medida en que la CNMC tiene en cuenta, a la hora de ponderar las sanciones y de solicitar la aplicación de la prohibición de contratar, que algunas de las empresas estén desarrollando programas de cumplimiento normativo en materia de competencia, lo que evidencia cómo la CNMC tiene cada vez más en cuenta este factor, valorándolo positivamente.