En mayo de 2025, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra Telefónica de España S.A.U., por una posible infracción derivada de un incumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de la operación de concentración mediante la cual la compañía adquirió el control de DTS (antigua Sogecable), y de una Resolución de julio 2021, orientado a investigar a fondo las prácticas que vulneraron los compromisos. 

En 2015, la CNMC autorizó la operación, pero condicionó su aprobación a un conjunto de compromisos orientados a preservar la competencia en el sector de la televisión de pago. Entre estos compromisos destacaba la obligación de no incluir obligaciones de permanencia a sus clientes que estuvieran asociados, directa o indirectamente, a los servicios de televisión de pago, empaquetados o no con servicios de comunicaciones electrónicas. Estos compromisos tuvieron una vigencia inicial de 5 años, y fueron posteriormente prorrogadas por un periodo adicional de tres años, hasta abril de 2023, destacando así la importancia de mantener un mercado ágil y competitivo.

Sin embargo, en julio de 2021, la CNMC consideró que la oferta de Telefónica “Fusión+Smartphone” infringía los compromisos adquiridos. Dicha oferta incluía el alquiler de un smartphone sujeto a condiciones de permanencia por un periodo de 36 meses, lo que supuso la imposición de barreras a la movilidad de los clientes. Frente a esta situación, la CNMC actuó reclamando a la compañía modificar las condiciones contractuales de la oferta y a remitir información tanto a los clientes afectados como a la propia CNMC. En marzo de 2023, la autoridad impuso una multa de 6 millones de euros por la infracción derivada de la imposición de condiciones de permanencia.

Por otro lado, la investigación mostró que la política comercial aplicada en las ofertas de Fusión y Mi Movistar, vigentes desde el 30 de agosto de 2021 hasta el 30 de abril de 2023, seguía incluyendo previsiones que dificultaban la movilidad de los clientes de Telefónica, limitando de forma indirecta la libertad de elección de estos. La continuidad de estas cláusulas contrarias a los compromisos destacó la necesidad de una intervención por parte de la CNMC para garantizar la fluidez del mercado. Como consecuencia de estos incumplimientos, la CNMC declaró, el 30 de enero de 2024, el incumplimiento de los compromisos pactados en la Resolución de abril 2015 y en la Resolución de julio de 2021. 

Este caso pone el foco en la importancia del seguimiento por parte de la CNMC de los compromisos asumidos por las compañías en los procesos de concentración, subrayando que han dejado de ser una mera formalidad para convertirse en mecanismos jurídicamente exigibles, fundamentales para garantizar la existencia de un mercado competitivo, justo y eficaz.