La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto expediente sancionador contra Bahía de las Isletas, S.L., matriz del grupo Naviera Armas, por presunto incumplimiento de los compromisos que adquirió al comprar Transmediterránea en 2018.

En concreto, según la CNMC, la operación suponía riesgos para la competencia en los mercados de transporte marítimo regular en tres rutas: Rutas Sur Peninsular-Melilla (la adquisición por Armas de Trasmediterránea planteaba problemas para la competencia en el tráfico de pasajeros y mercancías, dado que desaparecía un competidor relevante), Península-Canarias e interinsular Canarias (dado que Armas y Trasmediterránea eran los únicos operadores que prestaban servicios de tráfico marítimo de pasajeros (incluyendo carga rodada o camiones) entre la Península y Canarias, la operación creaba un monopolio, que afectaría también al tráfico interinsular, ya que Trasmediterránea operaba una ruta circular con paradas en determinadas islas).

Los compromisos presentados por Naviera Armas resolvieron estos problemas de competencia. Entre otros, se comprometieron a permitir que una tercera compañía (FRS) comenzara a prestar servicios de transporte marítimo de pasajeros y mercancías en las rutas en las que Naviera Armas estaba presente (Motril-Melilla y Huelva-Canarias, ruta circular que le permitiría prestar tráfico interinsular).

Para ello, se preveía que Naviera Armas y FRS suscribieran contratos de fletamento de tres años de duración (prorrogables por un año), y una serie de obligaciones que permitieran a FRS operar de forma efectiva en estas rutas: cesión del uso de atraques, sistema de billetaje, abstención de utilizar la marca y comunicación a los clientes.

El 13 de septiembre de 2023, la CNMC declaró que Naviera Armas había incumplido parte de los compromisos aceptados en 2018, sin dar más detalles.

El incumplimiento de los compromisos adquiridos en un expediente de concentración es una infracción muy grave de la Ley de Defensa de la Competencia y se sanciona con una multa de hasta el 10% de la facturación total mundial de la empresa infractora.

Este asunto revela la importancia de cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de una operación de concentración y cómo la CNMC vigila su cumplimiento, sin excepción.