Estamos al comienzo de la temporada de Juntas Generales y surgen las preguntas: ¿Qué información pueden solicitar los socios? ¿Están obligados los administradores a facilitar toda la información que se pida o hay límites?

La ley sólo establece que el socio puede pedir las informaciones y documentos relacionados con el orden del día, con el fin de poder tomar una decisión informada. Los administradores pueden negarse si entienden que la información es confidencial (aunque sólo para socios con menos de un 25% de participación).

Si un socio solicita una serie de datos y no se le facilitan, ello puede llevar a una impugnación de la Junta, por lo que es un tema relevante.

Pero es evidente que también pueden existir abusos en la petición o peticiones mal formuladas o que no guardan relación con el objeto de cada Junta.

El Tribunal Supremo ha dictado una serie de sentencias para aclarar la cuestión. Así lo hizo en mayo del año pasado (STS 762/2024), ante una impugnación porque el socio había pedido todas las nóminas de la empresa y el listado de ventas en cada centro. La sociedad facilitó un listado de trabajadores y costes salariales y facilitó acceso a los libros, pero el socio entendía que no se le facilitó exactamente lo solicitado y que lo necesitaba para poder aprobar las cuentas pues sospechaba de la existencia de fraude y nepotismo.

El Tribunal Supremo rechazó la reclamación señalando que el socio impugnante debía acreditar que la información solicitada era esencial y relevante, estableciendo con ello un doble criterio. El Tribunal Supremo entiende que primero la información solicitada debe estar relacionada con el punto del Orden del Día a discutir (relevancia). Con esto se excluyen las solicitudes de documentos que nada tienen que ver con las decisiones a tomar en Junta. Pero, además, la documentación debe ser esencial. No cualquier conexión con el Orden del Día vale, tiene que ser documentación sin la cual no se puede tomar una decisión informada. Si la sociedad, en el caso concreto, facilitaba acceso a los libros, no tenía que, además, tomarse la molestia de elaborar un listado en la forma solicitada por el socio, que podía hacerlo por su cuenta.

Es evidente que sigue habiendo una zona gris, pues esencial y relevante son términos sujetos a interpretación, pero al menos tenemos una guía judicial para poder decidir si cumplir con las peticiones de los socios y en qué términos.

Sin perjuicio de examinar cada caso, sí parece claro que, si la información se facilita en bruto, no existe obligación de analizar los datos y presentarlos de una determinada forma, labor que el socio debe hacer por su cuenta (lo cual no quiere decir que la sociedad no pueda hacer el esfuerzo, si así lo decide, simplemente que no estaría obligada).

En todo caso, esperamos que las Juntas de nuestros socios se lleven a cabo sin conflictos ni discusiones.