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Inversiones en Alemania bajo la óptica del derecho de comercio exterior

31/01/2017
| Dr. Thomas Rinne
Investitionen in Deutschland und Außenwirtschaftsrecht

Cuando un extranjero compra una empresa en Alemania, debe tener en cuenta la normativa de autorización e información del Derecho del comercio exterior. La compra de una empresa en el sentido del Derecho del comercio exterior tiene ya lugar cuando una empresa o una persona física, directa o indirectamente desde el extranjero, adquiere una participación de más del 25 % de los derechos de voto de una empresa alemana.

El Ministerio Federal de Economía (BMWi) tiene la potestad de revisar la adquisición de participaciones y bajo determinadas circunstancias puede también denegarla. Las medidas que en cada caso concreto deben tenerse en cuenta dependen de la nacionalidad del inversor y del sector de la empresa a adquirir.

Para distinguirlo existe el proceso de inspección intersectorial y el proceso específico del sector. Si el adquirente es una persona física o una empresa de fuera de la UE o del marco del AELC, debe aplicarse la inspección intersectorial. Sólo puede denegarse la compra si se pone en peligro el orden o la seguridad pública (p.ej. la garantía del suministro en casos de crisis en el sector de las telecomunicaciones y electricidad o de servicios estratégicos importantes). Aunque el inversor no tiene ninguna obligación de información, el BMWi puede iniciar un proceso de inspección dentro del plazo de tres meses desde la conclusión del contrato de adquisición. El inversor puede solicitar entonces – para más seguridad jurídica - un certificado de no objeción. En contraste, las inversiones en sectores relevantes de seguridad, independientemente de la procedencia del inversor, están sujetas a la inspección específica del sector. Tales sectores son p.ej. la producción y desarrollo de armas de guerra, motores y mecanismos construidos especialmente para vehículos acorazados y productos con funciones de seguridad en cuanto a tecnología de información. En estos casos hay una obligación de información del inversor y la Administración tiene el plazo de un mes desde la recepción de toda la documentación para decidir. Si en ese período no hay ninguna decisión, la adquisición se considera autorizada.

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