Debido a la catástrofe causada por las inundaciones provocadas por la depresión aislada en niveles altos (DANA), el Gobierno español ha promulgado varios decretos que contienen medidas de emergencia para responder a los daños causados y que tienen implicaciones de derecho laboral para las empresas y los trabajadores de las zonas afectadas (Reales Decretos Leyes 6/2024, de 5 de noviembre, y 7/2024, de 11 de noviembre).

Las medidas de emergencia mencionadas en extractos en este artículo se aplican a las empresas establecidas en las zonas afectadas. Los municipios afectados figuran en el anexo de los decretos leyes mencionados.
 
Exención de cotizaciones

Las empresas que se hayan visto o se vayan a ver impedidas para desarrollar su actividad habitual a causa de las inundaciones y que estén autorizadas a implantar ERTEs por causa de fuerza mayor temporal tienen derecho a beneficios extraordinarios. Así, en caso de suspensión o reducción de la actividad (para los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión o reducción), existe la posibilidad de una exención del 100% de la aportación empresarial hasta febrero de 2025. También existe la posibilidad de suspender o aplazar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Ampliación del plazo para dar de baja y modificar los datos de los trabajadores en la Seguridad Social

Las solicitudes de baja de los trabajadores por cuenta ajena que cesen en su actividad laboral debido a la situación de emergencia (con efectos desde el 28 de octubre de 2024 hasta el 28 de febrero de 2025) podrán presentarse ahora en un plazo de 30 días naturales a partir de la finalización de la actividad laboral, en lugar de 3 días naturales. Las modificaciones de las fechas derivadas del siniestro por inicio o finalización de interrupciones o reducciones de trabajo, así como sus cambios en la relación laboral como consecuencia del trabajo a jornada reducida por causa de fuerza mayor, podrán solicitarse hasta la fecha de presentación de la última solicitud de liquidación de cotizaciones, en la que deben surtir efecto para las cotizaciones a la Seguridad Social.

Equiparación de la incapacidad laboral al accidente de trabajo

Además, la ley prevé que la incapacidad laboral transitoria que se produzca en el periodo comprendido entre el 28 de octubre de 2024 y el 30 de noviembre del mismo año y esté causada por un accidente se asimile a un accidente de trabajo. La normativa deja la codificación de estos eventos en manos de los médicos del Servicio Público de Salud, siendo los códigos determinados por el Ministerio de Sanidad en consulta con el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Suspensión de los plazos en la legislación procesal social

Además, y de forma no exhaustiva, se suspenden los plazos procesales en los Juzgados de lo Social, mediante una interrupción de los plazos para todos los plazos establecidos en las leyes procesales y para todas las resoluciones judiciales en los órganos judiciales de la provincia de Valencia desde el 30 de octubre hasta el 10 de noviembre de 2024.