Los esfuerzos realizados para paliar los efectos provocados por la COVID-19, han generado una enorme necesidad de recaudación de fondos, que, unido a las presiones del gobierno estadounidense de establecer un impuesto mínimo global para ayudar a pagar las mejoras en sus infraestructuras, han impulsado un acuerdo en la reciente cumbre del G7. Parece que por fin hay una voluntad clara para la creación de un nuevo marco de tributación internacional para las grandes multinacionales.

Ya se han empezado a poner las bases de reforma que supondrá grandes retos para su implementación. La medida que más opiniones ha suscitado es la tributación mínima por país del 15% para multinacionales. Dicha norma, supondría un gran golpe a los paraísos fiscales, que durante años han atraído a los grandes contribuyentes que se han beneficiado de las incoherencias entre las normas de los estados.

Asimismo, se propone implementar los derechos de tributación sobre, al menos el 20% del beneficio que exceda el 10% de margen en aquellos países donde las compañías hagan negocio. Esta segunda medida es donde probablemente sea necesario hacer una mayor reforma y donde más incógnitas surgen, ya que los sistemas contables no están 100% armonizados a nivel mundial.

Estas no son las únicas medidas en materia de tributación internacional. Tras la reciente reunión de los miembros del Consejo Europeo, se pactó poner en marcha un proceso legislativo para establecer una directiva que obligue a reportar de manera pública los informes País por País o Country by Country report.

La Directiva tendría como objetivo principal incrementar la transparencia fiscal de las grandes multinacionales, reduciendo así su apetito por el ‘profit shifting’ y desalentando las prácticas de planificación fiscal agresiva y la evasión fiscal al aumentar el control por parte de la opinión pública. Todos los stakeholders tendrían en su poder una herramienta para poder analizar y evaluar el comportamiento fiscal de las compañías.

Esta normativa también supondría poner a disposición del público datos sensibles de las empresas lo que conllevaría ciertos riesgos. Los competidores podrían acceder a dicha información y utilizarla en beneficio propio. Esto es especialmente relevante en el caso de competidores no residentes en la UE, ya que ellos no estarían sujetos a la publicación de dicha información, confiriéndoles así una ventaja desleal y debilitando la posición competitiva de las empresas obligadas a reportarla.

En el caso de que las empresas pudieran elegir hacer pública esta información, podría tener un efecto de diferenciación respecto a las compañías que decidan no compartirla. Podría incluso convertirse en un instrumento de responsabilidad social corporativa que beneficiaría a aquellos que la pusieran en práctica, mejorando su reputación institucional. De esta manera, la imagen positiva que generaría la transparencia fiscal podría compensar los posibles costes de una mayor tributación.

Aún es pronto para anticipar como se implementarán y desarrollarán estas nuevas medidas, que sin duda plantearán grandes retos y establecerán los cimientos de un nuevo marco de tributación internacional.