El régimen laboral de los estibadores españoles preocupa a Gobierno, empresarios y organizaciones de trabajadores desde que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2011 declarara la normativa española sobre el tratamiento jurídico de las empresas estibadoras incompatible con la libertad de establecimiento dentro de la Unión Europea reconocida en el Tratado de Funcionamiento de la Unión. La Ley de Puertos del Estado obliga a las empresas estibadoras a participar en un determinada sociedad de gestión española y a contratar a su personal de forma prioritaria a través de ella.

España ya había sido condenada a introducir las correspondientes reformas, sin embargo, debido a la pasividad del Gobierno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea volvió a condenarla en diciembre de 2014 al pago de multas coercitivas severas (alrededor de 134.000 euros por día) hasta que no se llevase a cabo una reforma legislativa conforme a la legislación europea.

La falta de gobierno durante casi un año no favoreció la elaboración rápida de una nueva normativa. El primer proyecto legislativo presentado por el Gobierno en forma de Real Decreto Ley en febrero no contó con la mayoría necesaria en el Congreso, pero sí el segundo, que ha sido aprobado por mayoría en mayo. Desde entonces, los trabajadores portuarios y sindicatos vuelven a amenazar con huelgas (además de las huelgas de celo que ya existían), resultando afectados importantes puertos como los de Valencia, Barcelona y Algeciras. Muchas empresas de logística se quejan ahora de importantes pérdidas financieras. Maersk Line declaró en marzo pérdidas de 13,3 millones de dólares.

Aunque los intereses de los trabajadores afectados son comprensibles, treinta años después de la entrada de España en la Unión Europea deberían poder conciliarse a la normativa comunitaria. Los elevados salarios medios, superiores a los del mercado, de los estibadores españoles y que aproximadamente un 50% tengan parentesco son, como mínimo, indicios de que la libertad de establecimiento y la libre competencia en este sector no satisfacen los estándares europeos.