La obligación de establecer un canal de denuncias, regulada por la Ley española 2/2023 de 20 de febrero, tiene por objeto permitir a los denunciantes informar de determinadas irregularidades de forma confidencial y ofrecer así protección contra posibles represalias.

El término "informante" se define de forma muy amplia. Incluye, en particular, a candidatos, empleados, autónomos etc., independientemente de que el contrato se haya celebrado o siga existiendo. El factor decisivo es la garantía de protección del informador.

Los siguientes actos u omisiones pueden ser objeto del informe:
Actos u omisiones

• que constituyan una infracción del Derecho de la Unión Europea
• que constituyan una infracción penal o administrativa grave o muy grave

El reglamento distingue entre un canal de comunicación interno de la empresa y un canal de información externo facilitado por una autoridad especializada.

Todas las empresas con 50 o más empleados están obligadas a establecer un sistema interno de información. En los grupos empresariales, la empresa matriz decide la organización de los canales de comunicación.

Los sistemas internos de la empresa deben cumplir los siguientes requisitos:

• Garantizar la confidencialidad
• Permitir la comunicación oral y/o escrita
• Incluir posibles canales de comunicación interna
• Exigir que la empresa sea la primera a que se notifique las denuncias
• Designación de un responsable del sistema de denuncia

Independientemente del número de empleados, todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones dependientes de ellos y siempre si reciben fondos públicos para financiarlos están obligados a mantener un sistema de denuncia interna.

Es requisito previo la consulta a los representantes de los trabajadores para establecer el canal de denuncias internas.

La cuantía de las multas previstas por la ley en caso de incumplimiento de los requisitos legales depende de la gravedad de la infracción y de la naturaleza jurídica del sujeto obligado:

Personas físicas: Multas de 1.001 a 10.000 euros por infracciones leves; de 10.001 a 30.000 euros por infracciones graves y de 30.001 a 300.000 euros por infracciones muy graves.

Personas jurídicas: Multas de hasta 100.000 euros para las infracciones leves, entre 100.001 y 600.000 euros para las graves y entre 600.001 y 1.000.000 euros para las muy graves.

Además, la autoridad de control puede decidir otras medidas en caso de infracciones muy graves, como el bloqueo de subvenciones, etc.

El plazo de prescripción es de tres años para las infracciones muy graves, de dos años para las graves y de un año para las leves.

La fecha límite para poner en marcha el canal de denuncias para empresas de entre 50 y 250 empleados es el 1 de diciembre de 2023.