El Parlamento Europeo aprobó en el pleno celebrado el 24 de abril de 2024 la directiva CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y derechos humanos.

Esta directiva exige a las empresas y a sus colaboradores en toda la cadena de suministros medidas especificas orientadas a reducir repercusiones negativas sobre los derechos humanos y el medio ambiente, como lo son la contaminación y destrucción del patrimonio natural, la explotación laboral, el trabajo infantil y la esclavitud.

La directiva CSDDD adopta el enfoque basado en el riesgo (risk-based aproach) por el cual las empresas se verán obligadas a identificar riesgos y actuar en función de la gravedad del riesgo y de su probabilidad de materialización.
Las actividades para las empresas afectadas, que son aquellas que tengan más de 1.000 empleados y un volumen de negocios mundial superior a 450 millones de euros, se pueden englobar en las siguientes categorías:

     (i) integración de una conducta empresarial responsable en las políticas y sistemas de gestión de las empresas;

     (ii) identificación y evaluación de repercusiones negativas sobre el medioambiente y los derechos humanos;

     (iii) implementación de medidas, prevención y mitigación de repercusiones adversas;

     (iv) seguimiento de la implementación de medidas y resultados;

     (v) comunicación y transparencia sobre cómo se abordan los impactos; y

     (vi) colaboración en las reparaciones, en su caso.

La directiva prevé la implementación de una autoridad de control encargada de investigar e imponer sanciones en caso de incumplimiento de la normativa, que podrán alcanzar el 5% de la facturación mundial neta de la empresa en cuestión.

Por otro lado, la directiva prevé la posibilidad de exigir responsabilidad civil de las empresas que incumplan sus obliga-
ciones de prevención y mitigación de repercusiones negativas priorizadas según el enfoque del riesgo o cuando fraca-
sen en el cese y mitigación de los daños a personas físicas y jurídicas. La CSDDD prevé un plazo de 5 años para inter-
poner la acción de responsabilidad civil, si bien corresponderá a cada Estado miembro la implementación y adaptación de esta regulación a los ordenamientos jurídicos nacionales.

La redacción de las versiones en las lenguas de los Estados miembro se prevé para finales de año. Además, este texto debe aprobarse por el Consejo de la Unión Europea y publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea. Tras la publi-
cación, los Estados miembro dispondrán de dos años para trasponer la directiva.

La CSDDD es un avance en la extensa regulación europea en materia de sostenibilidad, siendo un pilar central en el Green Deal.