El Registro de Impagados Judiciales incluye por primera vez toda la información sobre las deudas líquidas, vencidas, exigibles y reconocidas mediante una resolución judicial firme aportada por abogados previa autorización de sus clientes y en defensa de sus derechos de cobro.

Este fichero de morosidad, que fue puesto en marcha hace solo cinco meses y tiene validez en toda España, incluirá todas aquellas resoluciones judiciales como; los impagos de las pensiones de alimentos, las deudas entre particulares, los incumplimientos en contratos de alquiler o de compraventa de mercancías e incluso la morosidad de instituciones condenadas a pagar por sentencia firme. Asimismo, este Registro permitirá a los abogados tener por primera vez la oportunidad de consultar los datos sobre el impago de honorarios de letrados. Estamos pues ante un fichero que pretende no solo favorecer el derecho a la tutela judicial efectiva garantizando el cumplimiento de las sentencias firmes, sino que también busca dotar de mayor transparencia al sistema judicial y financiero español.

El pasado mes de octubre el Consejo General de la Abogacía española hizo públicos los resultados desde su creación del Registro. Llama la atención como en tan poco tiempo se hayan registrado 946 solicitudes de alta y haya incluido 5,3 millones de euros de deuda. Resultados éstos que han provocado el interés del sistema financiero español, el cual, pretende negociar su acceso a los datos recogidos en el Registro de Impagados Judiciales.