El derecho español prevé desde hace tiempo la posibilidad de nombrar ad-ministrador de una sociedad de capital española a una persona jurídica. El único requisito era que la persona jurídica tenía que designar a una persona natural para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de administrador. En la práctica, se utilizaba esta posibilidad para limitar el riesgo de responsabilidad de las personas físicas involucradas en la administración de las sociedades de capital, de forma tal que la responsabilidad solo se extendía a la persona jurídica administradora de la compañía.

La última reforma de la Ley de Sociedades de Capital diluye este objetivo, ya que establece que los requisitos legales y las obligaciones de la persona jurídica administradora debe cumplirlos también la persona física designada por la persona jurídica por el ejercicio permanente de las facultades del cargo de administrador. Dichos representantes personas físicas también responderán solidariamente con la persona jurídica administrador de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de las obligaciones en el desempeño del cargo de administrador.

Con la extensión de la responsabilidad exigida a los administradores de la compañía a las personas físicas representantes de la persona jurídica ad-ministradora, es aconsejable, en su caso, revisar la póliza del seguro “D&O” para adaptarla al nuevo régimen de responsabilidad del órgano de administración de las sociedades de capital.