La Directiva (UE) 2022/2464 persigue elevar y estandarizar los requisitos de presentación de información de ámbito no financiero y extiende la obligación a todas las empresas y grupos de empresas que cumplan con las características de gran empresa, ya sean o no cotizadas. También obliga a las PYMES si cotizan en un mercado secundario regulado de la UE, excluyendo las microempresas.

En julio de 2023 la Comisión Europea adoptó las primeras Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS), que deberán seguir las empresas en la elaboración de sus informes de sostenibilidad. Se espera que en los próximos años la Comisión adopte otros estándares de sostenibilidad específicos para cada sector, para las PYMES cotizadas y para empresas extracomunitarias.

Siempre que la Directiva se haya incorporado a los ordenamientos nacionales en el plazo previsto, todas las empresas afectadas deban presentar sus informes de sostenibilidad entre 2025 y 2029.

En febrero de 2022, la Comisión Europea presentó la Propuesta de Directiva relativa a la diligencia debida en materia de sostenibilidad (CSDDD), cuya aprobación se prevé para inicios de 2024. Ésta determina los estándares de diligencia que deberán procurar las empresas para identificar, prevenir, mitigar y erradicar impactos adversos para los derechos humanos y el medio ambiente, entre los cuales, la implementación de políticas corporativas de buen gobierno, desarrollo de planes de acción y solicitud de garantías contractuales a sus socios comerciales. Además, deberán establecer procedimientos que permitan presentar reclamaciones en dichas cuestiones.

La CSDDD atribuye un papel determinante al órgano de administración de las empresas, el cual deviene obligado a adaptar la estrategia corporativa teniendo en cuenta los impactos y riesgos sobre los derechos humanos y medioambientales, estableciendo para ello incentivos que modifican el sistema de retribución variable de los administradores.

Actualmente España ha incorporado parcialmente algunas disposiciones de las directivas, estando obligadas a presentar información no financiera las empresas y matrices con más de 250 empleados, o bien entidades de interés público, y aquellas que cumplan con los umbrales para ser calificadas como grandes empresas. Además, existe la obligación de que el estado de información no financiera sea verificado por un prestador independiente de servicios de verificación.

La Ley de Sociedades de Capital también prevé que la política de remuneraciones contribuya a la estrategia empresarial, intereses y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad, vinculando el sistema de remuneración variable, también, a criterios de rendimiento no financiero. Ahora bien, habrá que esperar todavía unos meses para que los administradores queden vinculados a contemplar los tres aspectos que componen la sostenibilidad (ESG).