El Gobierno español, lejos de objetivos loables para relanzar la actividad empresarial como el fortalecimiento de la liquidez y el ahorro de las empresas y familias, planea una subida contundente de impuestos. Entre ellos está el Impuesto del Patrimonio (IP) o sobre las grandes fortunas, como se le prefiere llamar ahora. 

Este impuesto se eliminó prácticamente en el ejercicio 2008, pero se recuperó de forma transitoria a causa de la pasada crisis inmobiliaria. Aunque, casualidades del destino, se ha ido prorrogando hasta hoy y viene para quedarse de manera permanente. 

Recordemos que el IP grava el patrimonio neto que poseen los ciudadanos – no directamente las empresas-, esto es, el valor de los activos menos las deudas que tenga contraídas una persona. Existe una exención general de 700.000 euros y otras específicas relevantes como la vivienda habitual, las participaciones en ciertas empresas o los bienes afectos a actividades económicas. Además, en determinadas Comunidades Autónomas, como en Madrid, no se paga nada por este impuesto en la actualidad. 

Pues bien, el gobierno quiere ahora modificar de manera sustancial el IP para aumentar su capacidad recaudatoria que, según diversas fuentes, puede llegar hasta los 11.000 millones de euros. Es preciso mencionar que en el año 2017 los ingresos del Estado por este impuesto rondaban los 1.055 millones de euros, por lo que resultan evidentes las intenciones del Ejecutivo.

La finalidad de este breve artículo no es desentrañar el misterio del mencionado milagro recaudatorio, que a la postre puede ser poco realista, pero sí advertir especialmente a las empresas familiares e inversores que es momento de planificar y estructurar la composición de su patrimonio, para, en la medida de lo posible, protegerse contra las drásticas medidas  propuestas por el Gobierno español.