Según informa la agencia Europa Press, el Gobierno español tiene la intención de crear un estatuto del becario. Según la propuesta del Ministerio de Trabajo y los sindicatos, la norma legal pretende garantizar el cumplimiento y control de los derechos y obligaciones de los becarios durante las prácticas en las empresas.

El proyecto prevé la exigencia de convenios de cooperación y la obligación por parte de las empresas de compensar a los becarios por gastos como los de viaje, alojamiento o manutención.

Además, se regularán las prácticas extracurriculares que se realicen durante un máster oficial o un doctorado.

El borrador contiene un reglamento sancionador con multas, que se basa en el catálogo de sanciones de la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social (la llamada LISOS). La clasificación se basa en la gravedad de las infracciones, con sanciones que van de 7.501 a 30.000 euros para las infracciones leves, de 30.001 a 120.005 euros para las graves y de 120.006 a 225.018 euros para las especialmente graves.

Según el primer borrador del reglamento, existen infracciones graves si hay discriminación directa o indirecta por motivos de edad o discapacidad o discriminación desfavorable en materia de salario, tiempo de trabajo, formación, promoción y otras condiciones laborales.

También se consideran muy graves las infracciones por razón de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, situación social, religión o convicciones, opiniones políticas, orientación sexual, afiliación o no a sindicatos, vínculos familiares con otros trabajadores de la empresa o lengua, así como el trato desfavorable a los trabajadores en respuesta a una reclamación en la empresa o a una acción legal que exija el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación.

También se regularán las obligaciones de los becarios, como conocer y cumplir el proyecto formativo, seguir las instrucciones del formador, presentar los documentos e informes de control requeridos, cumplir las normas de seguridad y salud de la empresa, mantener la confidencialidad respecto a la información interna de la empresa, etc.
Las universidades critican el proyecto por considerar que las prácticas son una cuestión puramente académica. La patronal ve en la normativa una burocratización de la relación de prácticas y en las restricciones una amenaza para enlazar la formación teórica con la práctica laboral. Queda por ver, por tanto, qué reglamento se aprobará en su versión final jurídicamente vinculante tras las críticas.