Según datos estadísticos del Ministerio de Justicia los procedimientos civiles duran una media de 7 meses en la 1ª instancia, 7,1 meses en la 2ª instancia y 13,3 meses en la 3ª instancia. La duración media de los procedimientos monitorios es de 8,6 meses.

Mis experiencias son lamentablemente muy distintas. Dos juicios en Madrid e Inca duraron en 1ª instancia 11 años, otro en Ibiza dura ya 5 años, una ejecución hipotecaria en Girona lleva ya 6 años y un procedimiento penal en Barcelona, en el que se le reclamaban indemnizaciones de derecho civil, duró 13 años hasta la sentencia. Con tales duraciones de los procedimientos uno se tiene que plantear la pregunta, si no se están vulnerando los principios de un estado de derecho.

Cuando al fin se consigue un título ejecutorio, comienza un segundo procedimiento de ejecución que también puede durar entre 1-2 años. Aquí es de gran ayuda la averiguación patrimonial que permite rastrear toda la situación patrimonial del deudor, al obtenerse de Hacienda un informe completo sobre los activos (declarados) por el mismo.

Lamentablemente el resultado suele ser que el deudor es insolvente.

En España hay 5.607 jueces y magistrados lo que equivale a 12 jueces y magistrados por 100.000 habitantes (2014). En Alemania hay 20.301 lo que equivale a 25 jueces y magistrados por 100.000 habitantes. Esta falta de jueces y magistrados es, junto con una organización deficitaria, una de las causas principales de la tan criticada lentitud de la justicia española.