El comercio electrónico se ha convertido en un fenómeno que ha transformado la forma en que se realizan las transacciones comerciales, permitiendo la compra y venta de productos y servicios a través de plataformas digitales. Estas plataformas actúan como intermediarios, facilitando la conexión entre oferentes y demandantes. En el contexto del comercio electrónico, las plataformas digitales no solo permiten la comercialización de bienes y servicios, sino que también ofrecen servicios adicionales como el control de calidad, la gestión de pagos y la atención al cliente. Este modelo de negocio ha sido regulado por diversas normativas que buscan garantizar la transparencia y la protección de los derechos de los consumidores y usuarios.

Los minoristas en línea recurren a menudo al uso de estas plataformas en línea para vender sus bienes y servicios. Las empresas también venden sus productos en marketplaces en línea.

La relación contractual entre las partes que intervienen no puede clasificarse en ninguno de los tipos clásicos de acuerdos de distribución (contrato de franquicia, contrato de agencia comercial o contrato de distribuidor autorizado).

La obligación contractual principal de la plataforma consiste en facilitar el canal adecuado para que el usuario oferente pueda ofrecer sus productos o servicios, o bien poniendo a su disposición un espacio dentro de la web de la plataforma o enlaces que dirijan automáticamente a sus productos, o bien mediante motores de búsqueda de la página web, en función de unos parámetros seleccionados por el propio usuario destinatario. Además, las plataformas en línea suelen ofrecer otros servicios, como la gestión directa de los pagos a través de la plataforma, el envío de mercancías, la disponibilidad de motores de búsqueda y sistemas de calificación de los clientes. También se suelen ofrecer seguros y servicios de atención al cliente a través de la plataforma.       

Como obligación esencial, el usuario oferente se obliga a remunerar a la plataforma en relación con los conceptos que se hayan recogido en el contrato y que pueden ser de diversa índole y puede consistir en un porcentaje sobre la contratación celebrada o el volumen de ventas o en unos cánones fijos o porcentuales sobre el uso de la plataforma por la cantidad de contenidos (clics). El usuario oferente de la plataforma se obliga a facilitar la descripción y características del producto o servicio, así como su funcionalidad. Si el usuario oferente es profesional, debe cumplir el contenido mínimo de la obligación de información según lo previsto en el artículo 97 TRLGDCU.

El Reglamento sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea (Reglamento P2B) se aplica al uso profesional de plataformas en línea y servicios de búsqueda en línea desde 2020. La normativa regula la contratación mediante el uso de condiciones generales y las correspondientes obligaciones amplias de información y transparencia para las plataformas y servicios de búsqueda en línea.