Con su Pacto Verde, la Unión Europea (UE) persigue desde 2019 el objetivo de convertirse, para el año 2050, en el primer “continente” climáticamente neutro del mundo. La Directiva sobre el derecho a la reparación (UE/2024/1799) tiene por objeto contrarrestar la sociedad del usar y tirar y reforzar la economía circular.

La Directiva tiene por objeto lograr una armonización total. Esto significa que los Estados miembros no pueden apartarse de las disposiciones de la Directiva. De este modo se garantiza la uniformidad y la seguridad jurídica y se evita una distorsión de la competencia en el mercado interior de la UE. La Directiva debe incorporarse al Derecho nacional antes del 31 de julio de 2026. 

Una vez que entre en vigor la Directiva, determinados productos (p.ej., Smartphones, lavadoras, frigoríficos) deberán fabricarse de tal manera que sea posible su reparación. En el caso de los smartphones, p.ej., debería ser posible sustituir la batería sin dañar el dispositivo. 

A petición del consumidor, los aparatos deben repararse, siempre que sea posible. Y ello en un plazo razonable y a un precio razonable. Para ello, las piezas de recambio y las herramientas deben seguir estando disponibles durante un cierto tiempo tras el cese de la producción. El fabricante no podrá adoptar medidas que puedan disuadir al consumidor de solicitar una reparación. Los consumidores son libres de elegir al técnico que realice la reparación.

La obligación de reparación se aplica tanto durante el período de garantía de un producto como después de este. Si el consumidor opta por una reparación en lugar de por un producto de sustitución durante el período de garantía, el plazo de garantía se prorroga una sola vez por otros 12 meses. Se debe informar expresamente al consumidor sobre ello. Esto debe hacer que la reparación resulte más atractiva. Las reparaciones fuera de garantía resultan atractivas por su precio más bajo en comparación con la compra de un producto nuevo. Es posible utilizar de forma voluntaria un formulario de reparación uniforme. En el anexo de la Directiva se incluye un modelo de dicho formulario. Además, está prevista la creación de una plataforma europea online destinada a facilitar a los consumidores la búsqueda de talleres de reparación. 

Si un fabricante está establecido fuera de la UE, las obligaciones del fabricante recaen en el representante autorizado dentro de la UE. Si no hay representante autorizado, las obligaciones recaen en el importador. Si tampoco hay importador, las obligaciones recaen en el distribuidor de los bienes en cuestión. 

El derecho a la reparación refuerza la posición de los consumidores y fomenta la economía circular en el marco del Pacto Verde Europeo. Al mismo tiempo, sin embargo, también implica que los fabricantes puedan verse obligados a modificar el diseño de sus productos para facilitar su reparación. Además, las piezas de recambio y las herramientas deben seguir estando disponibles durante un determinado período tras el cese de la producción. Esto puede hacer necesario mantener existencias. El formulario de reparación plantea nuevos retos burocráticos.

En Alemania ya existe un proyecto de ley para la transposición de la Directiva.